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Quesnel debe ser destituido, procesado y enviado a la cárcel: Ignora la Ley y su conducta es delictiva

2 de abril de 2013

El día de ayer, el Presidente del Instituto Paraguayo del Indígena, Rubén Quesnel, en conferencia de prensa, admitió haber cometido “errores de hecho y de derecho” en la enajenación de un inmueble que está fuera del comercio, pretendiendo reducir a una cuestión administrativa la grave violación constitucional y la comisión de hechos punibles que deben ser investigados por la justicia.

Como es de dominio público, las tierras de los ayoreos fueron vendidas en noviembre pasado con toda la comunidad indígena Cuyabia habitando en ella, un hecho sin precedentes, que demuestra la voracidad sin límites de la corrupción que rodea el caso, y que no repara siquiera en la vida de la gente, expuesta al arbitrio de particulares sin ninguna protección o salvaguarda del órgano que debería velar por las mismas.

Ante este hecho tan flagrante, Tierraviva, como institución promotora y defensora de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, exige el inmediato cese en funciones del Presidente del INDI; su permanencia en el mismo poner en riesgo el patrimonio indígena, el tesoro público y obstaculiza la investigación penal. Su eventual continuidad en la presidencia del ente, será interpretada como una situación de complicidad y connivencia delictual del propio Poder Ejecutivo en los hechos punibles denunciado en sede del Ministerio Público por nuestra institución.

En este sentido, Tierraviva exige de las autoridades del Ministerio Público y el Poder Judicial una investigación imparcial y a fondo, que lleve a proceso penal a todas las personas involucradas de tal modo a que, en su momento, puedan ser condenadas conforme a la Ley, no dejando en la impunidad el caso.

Tierraviva, conforme ha denunciado responsablemente el hecho, promoverá una querella criminal en contra del Rubén Quesnel y todos los demás funcionarios y personas involucradas en el grave hecho de despojo que tiene por víctimas a los ayoreos de Cuyabia., del mismo modo continuara con la demanda de nulidad de la venta, que, a estas alturas, es la única vía para dejar sin efecto la venta.

Por último, Tierraviva exige también, la delimitación, demarcación y saneamiento definitivo de las 25.000 hectáreas vendidas ilegalmente, así como la reparación integral a las víctimas, a favor de quienes procede la titulación definitiva del inmueble.

Julia Cabello Alonso. Coordinadora Ejecutiva. Tierraviva.

Asunción, marzo 21 de 2013

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