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Comunicados

Organizaciones sociales denuncian el estado de excepción en Paraguay

14 de octubre de 2011

Concepción y San Pedro, dos localidades con alta presencia campesina, han sido declaradas por el ejecutivo paraguayo bajo estado de excepción. Este hecho ha hecho saltar la voz de alarma entre organizaciones, como la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), las cuales afirman que la medida es desproporcionada y aseguran que su vigencia puede restringir el derecho a reunirse o a manifestarse, entre otros.

A continuación les reproducimos los dos comunicados emitidos:

Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri)

La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri) se dirige a la opinión pública, nacional e internacional, en referencia al estado de excepción aprobado por Ley 4473, para expresar cuanto abajo sigue:

Por decreto presidencial, una vez más en lo que va del gobierno de turno, se declara estado de excepción sobre dos departamentos del país con alta presencia de organizaciones campesinas de larga trayectoria y reconocimiento de sus conquistas: Concepción y San Pedro. El pretexto, otra vez: el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al que se atribuye los últimos hechos de violencia en la zona de Horqueta. En esta oportunidad, la medida excepcional otorgada por la Constitución abarcaría el término de 60 días, tiempo que consideramos más que suficiente para sembrar el pánico en las comunidades y para instaurar el terrorismo desatado desde el Estado.

Militares en tropel, portando armas como si fueran a la guerra, conduciendo vehículos blindados, helicópteros, tanquetas y lanchas, pretendiendo instalar sensación de seguridad en la ciudadanía, ¿cómo esperan transmitir tranquilidad en esa atmósfera de despliegues bélicos? Creemos que a la Policía Nacional, sin necesidad de recurrir a las fuerzas militares, le sería muy fácil atrapar a la veintena de delincuentes que operan bajo el título de EPP si manifestara verdadero interés por recuperar la estabilidad en la zona, no existiendo la necesidad de alarmar acerca de una “grave conmoción interior”.

Los elementos de combate no otorgan, de por sí, paz a las comunidades. Con uniformados desplazándose por las calles y restringiendo la libertad de las personas –además teniendo en cuenta los resultados negativos del anterior estado de excepción– el Gobierno de turno se equivocó, nuevamente, en dar pie a esta medida extraordinaria. Lo que creemos es que con esto se estará criminalizando, todavía más, la lucha social, ante una inminente persecución a líderes campesinos en el contexto de las reivindicaciones históricas y populares, como lo es el proceso de recuperación de tierras mal habidas llevado adelante por el INDERT, con el respaldo de las organizaciones sociales.

Por otra parte, repudiamos a los máximos referentes de los partidos tradicionales, al aprovecharse de la situación para obtener réditos políticos con la vista puesta ya en las elecciones generales de 2013, olvidando que detrás de este cuadro hay víctimas humanas y familias pobres sufriendo las consecuencias dejadas por el accionar del grupo criminal conocido como EPP.

Alentamos a la ciudadanía a reflexionar en la coyuntura política, social y económica que envuelve actualmente a nuestro país, conocer las amenazas reales que sufre nuestra soberanía patria en todo sentido y sacar conclusiones sin las salpicaduras alevosas con que contribuyen medios de comunicación embusteros que, al desinformar y tergiversar la verdad, se adhieren a los que verdaderamente serán beneficiados con la docilidad del pueblo y la desarticulación del movimiento social en el Paraguay.

¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza!

Asunción, 12 de octubre de 2011

Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY):

Ante la declaración del estado de excepción, en los departamentos San Pedro y Concepción, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), Capítulo Paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), manifiesta:

1. El estado de excepción es una figura constitucional prevista en el artículo 288 de la Constitución Nacional para los casos de conflicto armado internacional y de grave conmoción interior, que ponga en peligro inminente el imperio de la Constitución o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella. Durante su vigencia se pueden restringir derechos constitucionales como la de reunión, manifestación, ordenar detenciones vía decreto, que en cada caso, debe realizarse de manera fundada por el Poder Ejecutivo. No puede ser la vía para responder ante la delincuencia.

2. En este momento, la República del Paraguay no se encuentra en conflicto armado internacional, con ningún país, ni hay conmoción interior alguna que ponga en peligro las instituciones en estos departamentos. Existen personas que actúan al margen de la ley cometiendo delitos y crímenes en todo el país; estas deben ser aprehendidas, procesadas y enjuiciadas conforme el régimen legal ordinario sin que se requiera del estado de excepción.

3. La legislación penal y procesal penal vigentes en Paraguay da amplios poderes a policías y fiscales para la investigación y el logro de la detención, enjuiciamiento y sanción de las personas que son responsables de delitos y crímenes. Afirmar que un grupo armado de aproximadamente quince personas produce conmoción interior y justifica el estado de excepción, es desentenderse de la incapacidad de los órganos de seguridad conformados por más de 50 mil personas entrenadas para abordar desde la ley la delincuencia común organizada que con justicia nos indigna.

4. Los poderes Legislativo y Ejecutivo con esta medida, no se ocupan de remover a incapaces o corruptos que por su inacción o aquiescencia permiten que los crímenes y delitos se sigan produciendo con toda impunidad ante la indignación de quienes defendemos el estado de derecho. Alarma, en este contexto, la no remoción de fiscales/as que vienen demostrando inoperancia, el nombramiento de autoridades policiales sospechosas de haber cometido hechos de tortura y abusos de poder, el desplazamiento de un poder bélico desproporcionado en dichas áreas. La población de las zonas afectadas corre peligro y tememos que sin solucionar el problema se siga ofreciendo excusas o chivos expiatorios.

5. Exhortamos a la racionalidad y el apego a las garantías que deben regir la persecución penal que necesitamos se lleve a cabo con inteligencia y éxito. Las garantías penales y procesales permitirán una justicia legitimada por la certeza de que no se afectará desde el Estado a inocentes. El estado de excepción debe seguir siendo excepcional y no la regla a la que la clase política recurra para que se viva la impresión de que se está haciendo algo; existen instituciones y autoridades responsables a las que se debería estar pidiendo cuentas y un cambio radical en favor de la Justicia.

Asunción, 12 de octubre de 2011

Carmen Coronel Prosman, Secretaria Ejecutiva - CODEHUPY, 0971 365000

Abogado Roque Orrego, 0961 853113

Ver en Línea:

Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri)

Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY):

Declaraciones de Kyung-wha Kang, Alta Comisionada Adjunta de DDHH de las NNUU, sobre el estado de excepción en Paraguay