Declaración

Jornadas de Pre-Congreso de la CONAMURI

21 de octubre de 2011

La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadores Rurales e Indígenas (CONAMURI) ha reunido a todas sus delegadas departamentales para hacer un balance de sus años de trayectoria y reflexionar acerca de su trabajo y los retos a los que se enfrentan. A continuación reproducimos la declaración completa:

En conmemoración por los 12 años de trayectoria, y en el marco del día mundial de la mujer trabajadora rural, nos reunimos delegadas departamentales de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri), los días 15 y 16 de octubre de 2011, para discutir acerca de nuestra lucha y desafíos, considerando la realidad que nos toca vivir en esta coyuntura nacional, tras lo cual hemos llegado a las siguientes conclusiones:

La postura oficial del Gobierno es inestable, se mueve según los escenarios y con ello se acentúa la atmósfera de incertidumbre en nuestro país. Si algo finalmente cambia es para perjudicar al sector popular y mayoritario, teniendo como únicos acreedores a los grandes terratenientes y a los empresarios del agronegocio. Nada hay que mejore la situación económica y social para la clase trabajadora.

Pareciera que no existe en nuestra democracia el equilibrio de poderes que es sustancia en la vida institucional de un Estado, ya que es notoria la imposición permanente del Parlamento en los asuntos públicos y las decisiones asumidas para regir la sociedad paraguaya. El Ejecutivo no tiene la suficiente fuerza política para plantear otras alternativas, aunque todavía esperamos de su parte respuestas positivas que den salida a los acuciantes problemas con que nos enfrentamos a diario, como ser la pobreza, el desempleo, la migración interna y externa, el analfabetismo, la precariedad de la salud, las muertes por intoxicaciones en el campo debido al uso indiscriminado de agrotóxicos, la expulsión de comunidades campesinas e indígenas de sus tierras y tantos otros flagelos con rostro social.

En el Parlamento la mayoría representa los intereses de ese 2,3% de la población que es dueño de la tierra, con partidos tradicionales que defienden la estructura de despojo e injusticia que nos sustenta como país. Se legislan bajo su techo leyes que nos afectan en todo sentido. Si el movimiento social presenta un proyecto de normativa para regular el uso de los agrotóxicos, lo rechaza de plano; si se trata de un proyecto de normativa de banca pública para obtener créditos para los pequeños productores y productoras, lo mismo. En cambio, las leyes aprobadas favorecen a los ganaderos, los sojeros, los propietarios de fábricas, los que no pagan impuestos y los que ultrajan nuestros recursos naturales para obtener lucro.

Asimismo, el Poder Judicial, a través de la Fiscalía, discrimina la lucha social y atropella las comunidades con total arbitrariedad e impunidad, como si todo cooperara para hacer de este un estado dictatorial en la práctica.

A través de los recursos de la Itaipú Binacional, generados por la compensación en concepto de cesión de energía, se recibirá una suma exorbitante para una población de poco más de 6 millones de habitantes, que bien podría servir para paliar, en caso de una justa distribución, los problemas de las comunidades indígenas, abrir fuentes de empleo, caminos rurales, mejorar la salud de la población, estimular la formación, eliminar el analfabetismo y un listado de necesidades más. Sin embargo, hay informaciones de que se harán con esos recursos dos inversiones estratégicas: habilitación de carreteras para el traslado de la soja, para lo cual tendrán que desaparecer los poblados indígenas y campesinos que estorben; y la construcción de viviendas para esas familias campesinas y pueblos originarios que se verán expulsados de sus territorios.

Otra situación se desata con las tierras mal habidas de Antebi Cué y Ñacunday. Ahora el Indert tiene firme propósito de intervenir en la situación jurídica de los latifundios. En el Alto Paraná, Tranquilino Favero dijo no y comenzó el proceso que culminó con las trabas actuales a la mensura judicial. Según informe del Indert, no serían solo 257 mil las hectáreas mal adjudicadas del colono brasileño Favero en nuestro país, sino que llegaría incluso a duplicarse, con lo cual se estaría dando solución al problema de los sin tierra en Paraguay.

Las estrategias del sistema actúan de diferentes formas: en Concepción y San Pedro se generó el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y se promulgó un segundo estado de sitio, justo en los departamentos en donde existe todavía resistencia a los agronegocios y donde su instalación es muy incipiente debido a la lucha de las organizaciones campesinas. Para encontrar al EPP se moviliza la fuerza militar como si la veintena de delincuentes que lo componen justificara semejante aparataje bélico y usufructo de los bienes del Estado, restringiendo las libertades de la ciudadanía en el norte e institucionalizando el miedo.

Consideramos que no es el EPP el verdadero motivo que justifica el estado de excepción, sino las organizaciones que están haciendo frente a los agronegocios y el modelo de agricultura mecanizada. Está en plan la extensión del capitalismo en nuestro país, queriendo abarcar también la región del Chaco, que es fértil zona agrícola y ganadera. El modelo de monocultivo de soja, maíz y otros rubros transgénicos requiere de gran extensión de tierras vacías de gente. Por eso es de fácil lectura que los ganaderos alquilan su tierra a los sojeros en la región oriental para ir a ocupar tierras chaqueñas en donde se deforestarán los bosques para abrir pastizales.

Así, en otros departamentos, los ataques contra las comunidades se manifiestan de diferentes formas, si bien no se trata de un estado de excepción. En Itapúa avanza la construcción de las represas que dejan muchos damnificados, en Alto Paraná a diario sufrimos la tortura de las fumigaciones tóxicas, en Misiones y Ñeembucú corren peligro de secarse los humedales a partir de las plantaciones extensivas de arroz transgénico.

Por otra parte, las comunidades indígenas lamentamos la pérdida de nuestra identidad como nación y sostenemos que la lucha por la tierra es la única que nos devolverá nuestras raíces. El Indi es una institución creada supuestamente para defender los intereses indígenas, pero no se le asigna el presupuesto necesario para dar respuesta a las necesidades de los pueblos originarios. Nos acostumbran al asistencialismo y no vemos verdadero desarrollo comunitario ni contamos con participación real en los espacios de decisión del Estado.

Por todo ello, la Conamuri se sumará a la gran movilización del 25 de octubre con el objetivo de recuperar las 8 millones de hectáreas de tierras mal habidas, porque consideramos que el problema principal que enfrenta nuestro país es el de los latifundios, responsable de la injusticia social y de la mala distribución de la riqueza en nuestro Paraguay.

Kuña ypy ha okaraygua jepytaso, teko pyahurã

Yvy vore maymáva ñaikotevẽ, sapukáipe jajerure ñande mba’etee!

Asunción, 16 de octubre de 2011