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Paraguay

A 1 año de la masacre de Curuguaty Comunicado de la CODEHUPY

19 de agosto de 2013

A un año de los graves sucesos ocurridos en Curuguaty, en las tierras de Marina Kue, donde el 15 de junio de 2012 se produjo la muerte de 11 campesinos y 6 policías, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), integrada por 34 organizaciones sociales y de derechos humanos, y que constituye el Capítulo Paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), manifiesta cuanto sigue:

1. Con la masacre de Curuguaty se dieron y siguen ocurriendo numerosas violaciones a los derechos humanos que la sociedad paraguaya no debe pasar por alto, debido a que representan graves atentados hacia la posibilidad de construir un país con justicia, igualdad social y democracia.

2. El contexto de la masacre de Curuguaty es el de la lucha por la tierra en el Paraguay, protagonizada por el campesinado desposeído y sus organizaciones, que siguen aguardando la implementación de una verdadera reforma agraria. Los permanentes reclamos de campesinas y campesinos que se encontraban en Marina Kue tenían que ver con reivindicar que esas tierras son del Estado y que deben destinadas a la reforma agraria.

3. Los órganos del sistema de justicia incurrieron en irregularidades gravísimas ya antes de la masacre: la orden judicial que propició la intervención de más de 300 policías en las tierras de Marina Kue el 15 de junio de 2012, fue ilegal. En primer lugar, fue dictada por un juez penal que no tiene competencia para intervenir en un juicio de desalojo (que es civil). En segundo lugar, la citada orden incluía el desalojo de las tierras, aún cuando la empresa que señalaba equivocadamente ser propietaria de las tierras no tenía el título del inmueble y por lo tanto, no podía invocar una condición de titular para solicitar una intervención de esta naturaleza.

4. Respecto a la masacre, propiamente, una investigación independiente llevada a cabo por la CODEHUPY reveló que durante la represión policial hubo uso desproporcionado de la fuerza pública. Además, existen numerosos elementos, resultantes de esta investigación, que señalan la posible responsabilidad de policías en la ejecución extrajudicial de 7 de los 11 campesinos fallecidos.

5. Otros resultados de la investigación de la CODEHUPY indican que al menos 9 personas detenidas con posterioridad a la masacre, fueron víctimas de tortura o, al menos, tratos crueles e inhumanos, por parte de los agentes de Policía.

Estas torturas fueron realizadas en el momento de la detención, en el traslado de las personas detenidas a bordo de las patrulleras y ya en la Comisaría 5a de Curuguaty.

Datos concretos sobre estos hechos de tortura han sido comunicados por CODEHUPY a la Unidad Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía, y hasta el momento la investigación realizada por dicha Unidad ha tenido pocos avances y no se ha llegado aún a imputar a los policías responsables de dichas torturas. Así también, agentes policiales realizaron detenciones arbitrarias de personas que no tenían responsabilidad en los hechos.

6. Sobre el proceso judicial propiamente dicho, la investigación de los hechos llevada adelante por la Fiscalía, tiene graves falencias e incumplimiento de los estándares legales fijados para garantizar la imparcialidad y la eficacia de la investigación. Por ejemplo, la escena de la masacre fue contaminada, en el sentido que no existió un aislamiento del lugar donde ocurrieron los sucesos, a los efectos de la recolección de evidencias y del estudio científico criminalístico del hecho a partir de los restos que fueron dejados. La Policía Nacional prendió fuego al campamento que había montado los campesinos, con lo que muchas evidencias se perdieron para siempre.

La investigación realizada por la Fiscalía, así como la imputación realizada por el fiscal del caso, Jalil Rachid, están únicamente orientadas a demostrar la versión policial de los incidentes, que sindican a los campesinos como quienes prepararon una emboscada premeditada y planificada a la fuerza policial. La única línea que sigue la Fiscalía es ésta y no se admiten ni producen pruebas que tiendan a examinar objetivamente el caso. Además, las pruebas presentadas hasta el momento por la Fiscalía contra los campesinos y campesinas no tienen sustento alguno. Además, ningún policía ha sido investigado ni imputado.

8. Vemos con preocupación la falta de definición de los procesos judiciales relacionados a la titularidad de las tierras de Marina Kue. Existen numerosos elementos que indican que las mismas pertenecen al Estado Paraguayo. Éste es un dato fundamental que guarda relación también con la ilegalidad de la orden judicial que originó la intervención fiscal – policial que llevó a la masacre.

9. Es importante señalar también las repercusiones internacionales que ha tenido este caso, y que están en la línea de las numerosas preocupaciones que la CODEHUPY y varias organizaciones de la sociedad civil venimos expresando. En tal sentido, nos remitimos a una las observaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, emitidas en marzo de este año, la cual expresa: “El Comité está preocupado por las alegaciones de importantes irregularidades en el accionar del Ministerio Público, la judicatura, y las fuerzas de seguridad con ocasión del allanamiento en

Curuguaty en junio del 2012. En particular, el Comité está preocupado por la información recibida que demuestra falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación desarrollados (art. 6, 7, 14)”. Lo expresado por el Comité sigue teniendo vigencia, en vista que el proceso judicial actualmente sigue violando normas básicas del debido proceso.

10. Estas violaciones del debido proceso, así como las demás violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de este caso, exponen al Estado Paraguayo a que desde las organizaciones de la sociedad civil sigamos denunciando internacionalmente el hecho, y que llegado el momento iniciemos acciones contra el Estado Paraguayo ante los sistemas internacionales de protección de derechos humanos.

11. Finalmente, desde la CODEHUPY exigimos al Estado Paraguayo: El total esclarecimiento de los sucesos ocurridos, sobre la base de un proceso judicial realmente imparcial, objetivo y respetuoso de las garantías del debido proceso.

La investigación y sanción de los responsables de las numerosas violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco de la masacre; Una justa reparación del Estado a las víctimas de la masacre, a través de una indemnización a las familias de las 17 personas fallecidas, así como a los sobrevivientes, y el pedido de disculpas del Estado por las injusticias y violaciones de derechos humanos cometidas en contra de ciudadanas y ciudadanos del Paraguay.

Coordinación de Turno de la CODEHUPY:

- Asociación Americana de Juristas (AAJ).
- BASE Investigaciones Sociales (BASE IS).
- Centro de Documentación y Estudios (CDE).

Para más información:

Enrique Gauto Bozzano, Secretario Ejecutivo de la CODEHUPY: 0971 365000 / 0981 415586

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