DDHH en Colombia

¿Cómo protege el gobierno sus derechos?

6 de febrero de 2012

El Servicio Internacional para los Derechos Humanos (SIDH) acaba de hacer público un informe sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos en Colombia durante el 2011. El estudio hace un seguimiento de las recomendaciones de la relatora especial sobre Defensores de DDHH de la ONU después de su visita al país colombiano en 2009.

Según el Bjorn Pettersson, director de SIDH, “el presente documento recoge los puntos de vista de algunas organizaciones de derechos humanos, organismos del Estado y del Sistema de Naciones Unidas, que de manera aleatoria se invitaron y aceptaron a participar en el seguimiento” de las recomendaciones del informe de la relatora de la ONU, Margaret Sekaggya.

La mayoría de las organizaciones entrevistadas coinciden al admitir que se ha producido un “cambio de actitud evidente: altos funcionarios como el Ministro del Interior y el Vicepresidente han hecho declaraciones públicas en las que se deja explícito el respeto por las personas y el trabajo de los defensores de los DDHH. Existe una apertura y disposición del diálogo que se expresa en hechos como el proceso nacional de las Mesas de Garantías (…) y la propuesta por parte del Viceministro de la construcción de una política pública de Derechos Humanos para el Estado Colombiano” .

No obstante, las organizaciones advierten que esta aparente apertura nacional está entrando en conflicto con algunos alcaldes y gobernadores de ámbitos regionales y locales, los cuales no están de acuerdo con las políticas planteadas a nivel central. Del mismo modo, se apunta a un aumento de amenazas contra organizaciones de mujeres, líderes de procesos de restitución de tierras y dirigentes indígenas. Según informes de las organizaciones consultadas, las agresiones individuales contra las personas defensoras de Derechos Humanos “han incrementado en un 12,6% durante el primer semestre del 2001, con respecto al mismo periodo del 2010. “

Por otro lado, se destaca que se han intensificado los robos de documentos y materiales de las oficinas de derechos humanos, así como la judicialización y detenciones arbitrarias de defensores y defensoras de DDHH, basadas en declaraciones de informantes, en gran parte desmovilizados, o bien en informes de inteligencia militar. En referencia a estos hechos, algunas organizaciones advierten de que en “el gobierno anterior había claridad y el de ahora tiene dos caras: públicamente dice que reconoce y respeta el trabajo de los defensores de DDHH y por debajo hace otra cosa”

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