Transnacionales españolas en Bolivia: crónica de un saqueo

29 de noviembre de 2013

Pero, además, esa inversión también se orientó hacia otro tipo de sector estratégico: el de la producción/extracción de las abundantes materias primas que posee Bolivia, especialmente hidrocarburos.

En este sector concreto, las elevadas tasas de rentabilidad dependían de una demanda internacional en continua expansión y con expectativas de precios al alza; de una reducida fiscalidad, excesivamente generosa en su intento por atraer inversión exterior; y de su posición estratégica en el centro del continente y, consiguientemente, de la facilidad para la exportación, sobre todo de energía, tanto hacia los miembros del MERCOSUR como de la Comunidad Andina de Naciones.

En este artículo se hará un breve repaso de cuáles son los intereses de las empresas transnacionales de capital mayoritariamente español en Bolivia y de algunas de sus oprobiosas actuaciones que, sin lugar a duda, han repercutido negativamente sobre el bienestar del pueblo boliviano.

Los apagones del sector eléctrico

Una de las primeras transnacionales españolas en llegar a Bolivia fue Unión Fenosa ACEX con su entrada en el sector del transporte eléctrico de alta tensión al comprar, junto a una empresa estadounidense, la empresa pública Transportadora de Electricidad (TDE) en 1997 por 39,9 millones de dólares a pesar de que TDE tenía entonces en el país activos fijos por valor de 124 millones de dólares .

De esa forma, y gracias a las presiones de las empresas privadas que entraron en los sectores de generación y distribución de electricidad, Unión Fenosa pudo adquirir el 69% del capital de TDE, mientras que el Banco Central Hispano compró otro 10%. Varios años después, en 2002, la participación de Unión Fenosa se había revalorizado a tal nivel que pudo venderla a otra transnacional española, Red Eléctrica Internacional, filial del Grupo Red Eléctrica de España, por 90 millones de euros, lo que la convierte en su principal accionista.

Lo sorprendent es que esa revalorización no se justificaba en ningún caso por el nivel de inversión realizado, con sólo 11 millones de dólares invertidos en todo el sector de transporte eléctrico hasta el año 2003. De hecho, es esa falta de inversión la razón que subyace tras los graves apagones que, en julio de 2003, dejaron sin electricidad a La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, Sucre y Potosí y que, a pesar de que TDE lo calificó como una “simple falla”, pudo ser demostrada su responsabilidad y se le impuso una multa de 360.000 dólares. Una sanción que, en cualquier caso, no provocó los efectos deseados en términos de solución de los problemas por parte de la empresa porque los apagones volvieron a sucederse en esas mismas ciudades en septiembre de 2005.

Por otro lado, las transnacionales españolas también intervienen en el sector de distribución eléctrica al por menor con la presencia mayoritaria del Grupo Iberdrola en dos importantes empresas distribuidoras como son Electropaz -que suministra electricidad a La Paz- y Elfeo -lo hace a Oruro. Ambas compañías, cuyas participaciones fueron adquiridas por un monto de poco más de 65 millones de dólares a finales de 1995, surten actualmente de energía eléctrica, según consta en la memoria del grupo empresarial, a más de 400.000 bolivianos, lo que supone un 37% de la energía distribuida en el país y su facturación en 2005 fue de 65 millones de euros.

Lo que no consta en esa memoria es que la empresa Electropaz tuvo que devolver en 2005 más de 22,5 millones de bolivianos a diferentes municipios de la zona de La Paz por los importes cobrados en exceso en el consumo de electricidad para alumbrado público.

Y es que el dominio de estas y otras empresas transnacionales sobre el sector eléctrico en sus ramas de generación, transporte y distribución buscando la máxima rentabilidad obvia la consideración del acceso a la electricidad como un derecho esencial de todos los bolivianos. Y, así, se da la triste paradoja de que a pesar de que Bolivia cuenta con una capacidad de generación eléctrica de 1.371 millones de watts anuales, casi el doble de un pobre consumo máximo nacional que no supera los 750 millones, sin embargo, el país cuenta con el índice más bajo de Sudamérica de instalación eléctrica en los hogares: la cobertura nacional no llegaba en 2003 al 65% de la población, reduciéndose dramáticamente hasta un 28,3% en las áreas rurales.

Y todo ello en un contexto marcado por unas tarifas que, tras la privatización, fueron indexadas al dólar; en donde la mayor parte de los ingresos de las empresas posee una cláusula de mantenimiento del valor; y en donde se descartan proyectos de electrificación que no son rentables, a pesar de la existencia de demanda social al respecto.

Aeropuertos: cuando sólo interesa lo rentable

La intensidad del proceso privatizador llevó también a otorgar en concesión diferentes empresas de servicios que, por su naturaleza, no podían ser transferidas al sector privado por la vía de la capitalización.

De esa forma, buscando la presunta mayor eficiencia que la gestión privada pudiera aportar a la prestación de determinados servicios, en 1996 se otorgaron concesiones por 25 años para la administración de los servicios en tierra de los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz a la empresa estadounidense “Airport Group International” que, a su vez, creó un año más tarde SABSA (Servicios de Aeropuertos Bolivianos). Ambas empresas entraron a formar parte del Grupo TBI que, a su vez, gestiona ACDL cuyo capital es propiedad de dos transnacionales españolas, Abertis y AENA Internacional con el 90% y el 10% de dicho capital, respectivamente.

En este caso el problema radica en que el capital privado sólo pujó por la prestación de servicios en aquellos aeropuertos que ofrecían una cierta rentabilidad -los tres mencionados- dejando la gestión de los otros casi 50 aeropuertos medianos y pequeños del país a AASANA (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea).

Esta situación tiene visos de revertirse porque el gobierno boliviano ha anunciado la revisión de esas concesiones y su voluntad de recuperar su gestión en aras a la integración de toda la estructura aeroportuaria en sus diferentes niveles si, tras una auditoría, las empresas concesionarias no realizaron las inversiones a las que en su momento se comprometieron.

El negocio de la educación

El grupo PRISA también tiene intereses en Bolivia en dos sectores de crucial importancia como son el educativo, a través del Grupo Editorial Santillana, y el de los medios de comunicación. En este segundo ámbito, PRISA es el principal accionista de la mayor cadena televisiva de Bolivia, ATB, y edita tres diarios: “La Razón”, en La Paz; “El Nuevo Día”, en Santa Cruz; y “Extra”.

El acceso de Santillana a su posición dominante en el sector de los libros de texto en Bolivia, tras ganar frente a otras editoriales nacionales, varias de las licitaciones internacionales realizadas en el marco del proceso de Reforma Educativa iniciado en Bolivia en 1994 no ha estado plagado de importantes claroscuros.

Y es que tres de esos procesos de licitación fueron adjudicados al grupo Santillana entre 1997 y 2000, durante el mandato del ministro de Educación, Tito Hoz de Vila,.

Hasta aquí nada que cuestionar si no fuera porque, curiosamente, la hija de dicho ex-ministro, María Cristina Hoz de Vila, junto con la hija del ministro boliviano bajo cuyo mandato comenzó el proceso de reforma educativa, Enrique Ipiña Melgar, disfrutaron de una pasantía de un año para realizar prácticas en la sede del grupo Santillana en Madrid. Siendo, también curiosamente y según declaraba el propio Hoz de Vila, las dos únicas pasantes aceptadas en su momento en dicha empresa. Al finalizar la pasantía, la hija de éste fue contratada por Santillana y sigue desempeñando su trabajo en el departamento de Recursos Humanos de dicha empresa.

Junto a estas singulares coincidencias, existe otra vía por la que Santillana podría ver incrementada su presencia en Bolivia en un futuro próximo. Así,no deja de ser también curioso que en la primera visita a España de Evo Morales como Presidente electo, el presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, le ofreciera canjear la deuda que España mantiene con Bolivia por un monto equivalente en proyectos de inversión en educación en aquel país; canje que se vehiculizaría a través de los denominados “créditos FAD” [1].

En este sentido, hay que advertir, ante todo, que estos créditos no dejan de seguir siendo un empréstito y, por lo tanto, deben ser reembolsados, es decir, no implican, en ningún caso, la condonación o perdón de la deuda. Pero, además, esos créditos constituyen un mecanismo indirecto de expansión comercial de las empresas españolas en los países beneficiarios dado que su concesión está indisolublemente vinculada a que el país beneficiario gaste su importe en la adquisición de material educativo ofertado por las empresas del país acreedor[2].

A partir de aquí, las conclusiones -a las que, por otra parte, no es muy difícil llegar- puede extraerlas cada cual de lo leído hasta el momento; sobre todo si se tiene en cuenta que en Bolivia hay tantas necesidades cuyo alivio también podía haber entrado en la oferta del presidente Zapatero. Y, además, cabe también la amplia posibilidad de que esas las conclusiones no se distancien demasiado de lo que ocurra finalmente si se recuerda el precedente que supuso la empresa Eductrade, del grupo PRISA y dedicada al campo del equipamiento de material educativo, en tiempos de los gobiernos de Felipe Gónzalez, cuando recibió miles de millones de pesetas en créditos FAD[3].

Ni al agua tienen derecho

La conversión del agua en un bien económico susceptible de apropiación privada y mercantilización pero, además, de decisiva influencia en la geopolítica del futuro han acrecentado el interés de las grandes corporaciones por acceder cuanto antes al control de los recursos hídricos de Bolivia. Ese interés obedece a que, por ejemplo, en 2001 la industria que proporciona servicios de agua alcanzó unos beneficios cercanos al billón de dólares, sensiblemente superiores a los de la industria farmacéutica y casi el 40% de los que se obtienen de la industria del petróleo y que, por su parte, Bolivia es el quinto del mundo en volumen de reservas de agua declaradas y protegidas, con importantísimos potenciales si se tienen en cuenta sus aguas subterráneas.

Así, a instancias del Banco Mundial y bajo su consideración de que la forma de aumentar la disponibilidad de agua es tratándola como un recurso más y no como un bien común cuyo acceso en las mejores condiciones posibles es un derecho humano esencial, se procedió a entregar la concesión para la distribución del agua potable de la ciudad de Cochabamba durante 40 años a la firma Aguas del Tunari en régimen de monopolio. El capital de esta empresa correspondía en un 80% a la empresa Bechtel y en algo menos del 20% a una empresa española del sector, Abengoa.

Las consecuencias sobre las tarifas fueron inmediatas: se incrementaron en algunos casos en un 200%; se ajustaron a la evolución del dólar y se transfirió hacia los usuarios los gastos de instalación de las conexiones[4]. Ese aumento golpeó duramente las economías domésticas de la zona que vieron como su factura de agua llegaba a suponer en torno al 22% de los menos de 100$ al mes que cobra un trabajador medio y provocó una revuelta popular, la denominada “guerra del agua”, que acabó con la rescisión de la concesión a Aguas del Tunari tras varios meses de lucha y un joven de 17 años muerto por un disparo de bala.

Al producirse la rescisión del contrato, Aguas del Tunari demandó al Estado una indemnización de 50 millones de dólares, que posteriormente redujo a la mitad y, ante la negativa del gobierno boliviano a satisfacerla, lo ha demandado ante los tribunales de arbitraje del Banco Mundial.

De esta forma ahora se produc la paradoja de que resulta que la institución que promovió la privatización del servicio, el Banco Mundial, es la que debe resolver el conflicto entre la empresa y el Estado.

Y también resulta muy revelador saber que la empresa en cuestión ha podido acudir a esa instancia de arbitraje internacional porque cambió su domicilio fiscal inicial en las Islas Caimán, esto es, uno de los principales paraísos fiscales del Caribe a Holanda. Este país sí tiene un acuerdo bilateral de protección de inversiones con Bolivia y, por lo tanto, permitía que la empresa pudiera acogerse al tribunal de arbitrajes del Banco Mundial tal y como efectivamente ha hecho.

La otra empresa con capital español también presente en el sector hidrológico en Bolivia es Aguas de Barcelona (Agbar). Esta empresa es propiedad del grupo francés Suez, que controla el 51% del capital de Agbar, y del grupo financiero catalán La Caixa.

El grupo Suez es la transnacional del agua dominante en América Latina en donde controla cientos de empresas relacionadas con la gestión del agua. En Bolivia, participan con una filial, Aguas de Illimani, a quien se le otorgó en 1997 la concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado en las ciudades de La Paz y El Alto.

Desde ese momento, los vecinos han denunciado el constante deterioro de la calidad del servicio, la continua elevación de las facturas, la desidia en el mantenimiento de las instalaciones, el aumento de los costes de conexión y, sobre todo, el incumplimiento de sus compromisos de ampliación del servicio a los hogares pobres de El Alto como parte de la política pública estatal en materia de agua.

Ante este último incumplimiento, la argumentación que ofrecía la empresa era que esos consumidores no eran clientes rentables porque consumían muy poco dado que “acostumbrados a la vida campesina andina, eran extremadamente cuidadosos con el agua, sin desperdiciar nunca una gota y, así siguieron después de que se instalaron las llaves de agua en sus casas. Era bueno para conservar el recurso, pero malo para el saldo de Suez, y la compañía se sintió decepcionada por los rendimientos de la inversión”[5].

Todo ello generó que la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE) iniciara una serie de protestas sociales a partir de 2004 solicitando la revisión del contrato y, posteriormente, su expulsión. Las movilizaciones de enero de 2005, motivaron que el presidente boliviano, Carlos Mesa, acabara firmando un decreto de suspensión negociada del contrato. Sin embargo, las presiones de organizaciones internacionales -entre las que destacó las que realizó la agencia de cooperación técnica alemana GTZ- para que el agua fuera gestionada, en el peor de los casos, por una empresa mixta provocaron que Mesa incumpliera su compromiso. La resultante, junto a la defensa de Mesa del papel de las transnacionales del sector de hidrocarburos, fueron nuevas movilizaciones que determinaron la renuncia de Mesa. Su sucesor, Eduardo Rodríguez, solicitó una auditoría integral de la compañía que abarcara tanto el nivel de inversiones realizadas como la calidad del servicio que aún no ha concluido.

Con la llegada a la presidencia de Evo Morales, la situación parece haber dado un giro radical; síntoma inequívoco de que, hasta ese momento, la resolución del problema dependía de una voluntad política que había sido secuestrada por las empresas transnacionales del sector.

Y, así, Bolivia ha iniciado el proceso para retirar sus compromisos de servicios en materia de agua de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio y ha exigido la retirada de todos los servicios de agua de dichos acuerdos. Pero, además, se ha iniciado el proceso para que Aguas de Illimani deje de administrar el servicio de agua potable en La Paz y El Alto y sea sustituida por una empresa pública en donde Estado y organizaciones sociales participen en la definición de las políticas del sector, la toma de decisiones y la fiscalización de la actividad.

La gestión privada de las pensiones

En cuanto al sistema financiero, en Bolivia está presente en estos momentos el grupo BBVA y, hasta hace unos meses, el BSCH. Este último vendió a finales de 2005 su participación en el Banco de Santa Cruz, uno de los mayores grupos financieros bolivianos y ha dejado de tener intereses en el país.

Por su parte, el grupo BBVA ha centrado su actividad en la gestión de los fondos de pensiones privados creados tras el proceso de desmantelamiento del sistema público de reparto que, tras varias reformas parciales, fue transformado con la Ley de Pensiones de noviembre de 1996 en un sistema de capitalización individual con administración privada.

En la actualidad, el grupo Previsión BBVA gestiona las pensiones de más del 54% de los afiliados al sistema de pensiones y, hasta hace apenas unos días, también gestionaba el Fondo de Capitalización Colectiva que es un fondo integrado por el 50% de las acciones de las empresas capitalizadas. Esas acciones se distribuyeron entre la población boliviana con mayoría de edad (21 años) a diciembre de 1995 y sus dividendos permite el pago de un beneficio social denominado Bono Solidaridad (BONOSOL) a todos los bolivianos beneficiarios una vez cumplieran los 65 años de edad. Lo cual no deja de ser una triste y cruel paradoja si se tiene en cuenta que, durante la primera mitad de la década de los noventa, la esperanza de vida al nacer de los bolivianos era de 58 y 53 años para mujeres y hombres, respectivamente[6].

En estos momentos, el gobierno de Evo Morales ha recuperado para el Estado boliviano la gestión de esas acciones.

El sangrante expolio del gas

En cualquier caso, la ominosa presencia de las transnacionales españolas en Bolivia tiene un nombre propio vinculado al sector de los hidrocarburos: Repsol-YPF[7].

La transnacional tiene presencia en el país desde 1995, cuando firmó un contrato de riesgo compartido con YPFB para la explotación del Bloque Securé. Le siguió la asociación con Pérez Companc, Petrobras y Pluspetrol -asociaciones, con estas dos últimas, que sigue manteniendo- para la explotación de nuevos bloques gasíferos. Posteriormente, con la adquisición de YPF a principios de 1999, también pasaba a poseer el 100% de Maxus Bolivia Inc.

Pero, la joya de la corona de Repsol-YPF en Bolivia es la compañía ANDINA S.A. Esta compañía fue creada con la capitalización de una de las dos unidades de producción de YPFB y adquirida inicialmente por tres empresas argentinas: YPF, Pluspetrol y Pérez Companc. En 2001, y tras la absorción de YPF, Repsol adquiriría sus participaciones a las otras dos compañías y pasaría a controlar el 50% del capital y su consejo de administración.

ANDINA es la empresa más importante de exploración y producción de hidrocarburos en Bolivia, alcanzando un 32% de la producción de petróleo y un 43% de la de gas natural del país, mayoritariamente exportado a Brasil. Sus reservas probadas de gas natural, a 31 de diciembre de 2005, son de 665,7 millones de barriles equivalentes de petróleo, explota un total de 22 bloques petroleros que abarcan un total de 4.973.511 hectáreas.

Pero, además, Repsol-YPF también está presente en el sector de la comercialización del gas licuado en el mercado interno a través de la empresa Repsol-YPF Gas de Bolivia SA, de la que controla el 51% de su capital. Esa empresa produce el 45% de la producción total de Gas Licuado de Petróleo (GLP) del país, con la que abastece el 40% del mercado doméstico de GLP envasado y el 60% de GLP a granel.

De lo anterior, cabe deducir intuitivamente que la presencia de Repsol-YPF en Bolivia es muy elevada, no sólo por su implantación en sectores claves para su economía y el bienestar de su pueblo -el de la producción de hidrocarburos, por un lado, y el de la comercialización de una de sus principales fuentes de energía doméstica, por otro- sino también por la magnitud de los recursos que controla.

Desde esa posición de predominio, Repsol-YPF podría haber optado por una estrategia de explotación de los recursos que hubiera repercutido directamente sobre el desarrollo del país y el bienestar de su población, legal y legítima propietaria de los recursos que constituyen la fuente del negocio de dicha compañía. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta y, avalada por el hecho incontestable de que el valor de capitalización bursátil de la compañía es equivalente al doble del PIB boliviano -lo que, a su entender, es ya de por sí un factor capaz de legitimar cualquier actuación- y de que los anteriores gobiernos de Bolivia han favorecido la explotación irrestricta de los recursos aún a costa de la destrucción del medio ambiente y en menoscabo de los modos de vida y de la propia supervivencia de los pueblos originarios, la compañía emprendió, desde su aparición en el país, una estrategia expoliadora que en nada desmerece la de nuestros insignes conquistadores del siglo XVI o la de sus herederos.

Las tropelías, desmanes y abusos de Repsol-YPF han afectado a diferentes ámbitos de la realidad física y social boliviana y se encuentran ampliamente documentadas en numerosos informes y publicaciones.

Sin ánimo de ser exhaustivos, dado lo limitado del espacio, pero con clara intención ejemplificadora, se exponen a continuación a algunas de las denuncias y consecuencias de las actuaciones de esta compañía en Bolivia.

Así, aprovechando que los estándares sociales y medioambientales bolivianos se encuentran por debajo de los reconocidos internacionalmente -producto, por otra parte, de la presión a la que se han visto sometidos sus gobiernos por las mismas transnacionales cuya actividad debía ser objeto de regulación-, Repsol-YPF ha podido explotar bloques gasíferos en territorios indígenas (las denominadas Tierras Comunitarias de Origen en 17 de las cuales posee explotaciones) y en espacios que, necesariamente, deberían encontrarse protegidos por su inestimable riqueza ecológica[8].

La actividad que Repsol-YPF tiene en esos territorios atenta contra los derechos humanos y colectivos de los pueblos originarios que han habitado milenariamente esas zonas y está causando un impacto cultural devastador, imponiendo su lógica cultural y afectando a las tradiciones ancestrales de esos pueblos. Un comportamiento que puede calificarse casi de etnocidio. Pero, además, vulnera la legislación boliviana sobre cuál debe ser su comportamiento en tales territorios; no respeta su obligación de consulta a dichos pueblos sobre las tareas de exploración y explotación que realiza en ellos (protegida por Convenios de la Organización Internacional del Trabajo); e incumple la obligatoriedad de realizar análisis de impacto medioambiental y, cuando los efectúa, desatiende los compromisos adquiridos en los mismos, siendo múltiples las denuncias de contaminación de ríos, bosques y cultivos o la tala masiva de árboles[9].

Todo ello se combina con un desprecio similar hacia las instituciones públicas bolivianas si bien muchas de sus actuaciones han pasado a ser objeto de investigación judicial.

Así, Repsol-YPF enfrenta acusaciones por falsedad contable y fraude tras registrar en la Bolsa de Nueva York como propias el total de las reservas de gas que explota en el país -esto es, casi el 30% de las reservas totales de gas boliviano- sin que mediara ningún contrato de venta del gas o existiera un mercado asegurado para el mismo. Una decisión que tomó aun sabiendo que el art. 139 de la Constitución Boliviana atribuye taxativamente la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos al Estado y que la legislación boliviana sólo permite la inscripción como propia de las reservas cuando media un contrato de venta del gas o existe ya un mercado asegurado. Esa denuncia provocó que la empresa tuviera que reajustar sus reservas mundiales en más de un 25%, de las cuales un 52% del ajuste correspondía a las reservas declaradas en Bolivia, con el consiguiente reajuste en su cotización bursátil (cercana al 8%). Pero, además, que un grupo de accionistas que compraron sus acciones entre el 28 de julio de 2005 y el 27 de enero de 2006, cuando presuntamente realizaron esa inscripción, presentara una demanda en Nueva York contra la compañía por ocultar información adversa sobre sus actividades en Bolivia.

A ello se le suma el que la Aduana Nacional de Bolivia también demandara a la emprea por un presunto delito de contrabando de más de 230 mil barriles crudo cuyo valor superaría los 9 millones de dólares hacia Chile y Argentina[10]. De hecho, el presidente de la compañía, Antoni Brufau, llegó incluso a reconocer que se habían cometido algunos “errores” en la exportación de esos barriles. Un bonito eufemismo para ocultar lo que siempre se ha denominado como contrabando.

Pero no todo ha sido moverse en el delicado ámbito de la presunta ilegalidad, Repsol-YPF también ha utilizado todos los mecanismos que le confería la debilidad del Estado boliviano en el marco de globalización de las operaciones transnacionales para realizar determinadas actividades más que reprobables.

Y, así, no deja de sorprender que en abril de 2004, el gobierno de Carlos Mesa firmara un convenio de aumento del volumen de exportación de gas hacia Argentina a un precio “solidario” (0,98$/Millones de pies cuadrados) porque, presuntamente, el país vecino sufría de desabastecimiento. Un débil argumento para reclamar una reducción del precio si se tiene en cuenta que Argentina es la tercera reserva gasífera de la región y posee un volumen de producción efectiva superior al de Bolivia.

Ese acuerdo que, en principio, revestía la forma de una transacción entre Estados encubría una vía para que las filiales de Repsol-YPF y Petrobras en Bolivia pudieran transferir a muy bajo costo un mayor volumen de sus reservas de gas boliviano a un precio muy reducido a sus filiales en Argentina. Allí, el destino del gas era doble. Por un lado, un mercado nacional mucho más grande y con mayor capacidad adquisitiva; de tal suerte, el gas que se transfería a 0,98$/Mpc se vendía al consumidor argentino a 7,55$/Mpc. Y, por otro lado, impedir que se interrumpieran las exportaciones de gas hacia el mercado chileno, altamente dependiente de dicho recurso energético.

La resultante era, como no es difícil deducir, un negocio altamente lucrativo para las transnacionales que expoliaban a precios irrisorios el gas boliviano para venderlo a terceros países a precios internacionales. Y, por otro lado, una reducción del valor de las exportaciones con lo que Bolivia, no sólo dejaba de ingresar por el menor precio de venta, sino también por el menor volumen de la recaudación impositiva fijada sobre dicho valor.

Pero, además, también constituye una absoluta aberración que el gas que se comercializa a nivel interno se cotice según los estándares internacionales y deba ser pagado a los mismos precios que si en el país no hubiera un solo yacimiento de hidrocarburos.

En este caso, las consecuencias nuevamente recaen sobre el fisco boliviano que tiene que subvencionar un precio más bajo para los consumidores permitiendo que las empresas petroleras disminuyan sus pagos a las arcas públicas y, por lo tanto, desviando esos fondos de otros usos alternativos que podrían contribuir en mayor medida a paliar la situación de miseria en la que vive la mayor parte de la población.

Y todo ello en un país donde las empresas petroleras tienen los costes de producción más bajos del mundo; no tuvieron que pagar por las empresas que adquirieron sino que bastó, simplemente, con unos compromisos de inversión que en numerosos casos no han satisfecho; venían pagando impuestos casi simbólicos, los más bajos de todo el continente; y venden su producción en los mercados interno e internacionales a los precios de este último.

En definitiva, un negocio redondo para Repsol-YPF en Bolivia sobre el que hay pocas cifras, gracias a la ímproba tarea de la compañía por ocultar sus estados financieros, pero sobre el que sus directivos, cuando se reúnen con sus colegas de gremio, no pueden dejar de pavonearse[11].

En cualquier caso, parece que ahora, por fin, las cosas están cambiando en Bolivia gracias a la decidida estrategia de nacionalización de los hidrocarburos emprendida por el nuevo gobierno y cuyos detalles escapan a la intención de este artículo.

Conclusión

A modo de sintética conclusión general y tras esta revisión de cuál ha sido el comportamiento de las empresas transnacionales de capital mayoritariamente español en Bolivia, no es de extrañar que desde aquel país se siga reivindicando el resarcimiento por los siglos de colonización que vivió bajo el yugo del imperio español.

Para ellos, durante los últimos años, sólo han cambiado los actores -ahora más difusos en cuanto a nacionalidad, pero fácilmente identificables y asimilables en cuanto a rapacidad-, porque las dinámicas siguen siendo las mismas y los resultados, la miseria más atroz para la mayor parte de la población, casi idénticos.

Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y colaborador habitual de Rebelión.

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