Pueblos indígenas, tierra, territorio y Constitución

28 de noviembre de 2013

Capítulo V de la Constitución Nacional. Un poco de historia.

Acertadamente, la reforma constitucional de 1992 introdujo, por primera vez, un capítulo específico que regula los Derechos de los Pueblos indígenas. Este capítulo obedece, entre otros aspectos, a la larga historia de explotación, asimilación forzada y expulsión de sus propias tierras y territorio, circunstancia que empieza, con la invasión del imperio español a América Latina, a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, lo que significó, el mayor genocidio acontecido en la historia de la humanidad.

Desde ese momento hasta nuestros días, y ya en lo que se refiere concretamente a las tierras y territorio indígena, podríamos citar dos momentos claves en la historia desde la independencia, durante el siglo XIX, en cuanto a la expoliación y despojo de ese derecho, así como sumarle un tercer elemento más contemporáneo.

Esos dos primeros momentos consisten en los siguientes: En primer lugar, el 7 de octubre de 1848, a través de un decreto dictado por el entonces Presidente del Paraguay, Carlos Antonio López, se decidió sustraer todo el patrimonio, tierras y territorio de los Pueblos Indígenas. Así, este decreto intentó no sólo acabar con toda la cultura, las lenguas y las tradiciones de los Pueblos Indígenas, sino también asimilarlos a la sociedad paraguaya, a los efectos de crear una sola nación.1 Esta decisión dejó, por una parte, a gran parte de la población indígena sin sus tierras ancestrales y por otro lado, al Estado en espera de la transformación de los y las indígenas a la sociedad paraguaya blanca, circunstancia que no se pudo concretar debido a la profunda y fuerte convicción de los y las indígenas de mantener su cosmovisión y cultura, así como a la persistente y admirable resistencia a esa opresión.

El segundo momento, se remonta a los años comprendidos entre 1883 y 1885, periodo en que el Presidente del Paraguay en ese entonces, Bernardino Caballero, vendió grandes extensiones de tierras con comunidades indígenas enteras viviendo en ellas. Así, se conformaron enormes latifundios que darían un paso profundamente triste en la historia, en cuanto a la actual injusticia en el marco de la gran concentración de la tierra en manos de capitalistas extranjeros, grandes establecimientos ganaderos y colosales plantaciones de monocultivo que arrasan con comunidades indígenas enteras, entre otras consecuencias negativas.

Así también, estas situaciones no solo despojaron a los y las indígenas de sus tierras, sino que se profundizó la asimilación forzada así como la afirmación de la esclavitud laboral de los y las indígenas en sus propias tierras a manos de los nuevos y nuevas capitalistas que se iban apropiando ilegalmente, y a sabiendas, de lo que no les correspondía. Así, Carlos Pastore, explica que ¨la influencia del capitalismo extranjero y de los intereses de la clase alta criolla se manifiesta en las disposiciones principales de este periodo¨. El mismo autor afirma acertadamente que ¨el presidente (Bernardino) Caballero no interpretaba el sentimiento del pueblo, las necesidades actuales de la población, ni los intereses permanentes de la república.¨2

Así las cosas, podemos citar un tercer momento, principalmente desde comienzos de la década de los noventa que comprende el vertiginoso avance del agro-negocio y el monocultivo, principalmente de la soja transgénica, que ha deforestado y deforesta bosques inmensos, invadiendo y expulsando de sus tierras a comunidades campesinas e indígenas. Esta situación, se debe, principalmente, al modelo agro-exportador que se sustenta en un Estado neoliberal que protege el libre mercado y en ese contexto, a capitalistas, latifundistas, empresarias y empresarios en detrimento de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, derecho al medio-ambiente sano, así como de Derechos fundamentales de las futuras generaciones.

Principio de progresividad y prohibición de regresividad

La conquista de la instauración del Capítulo V en la actual Constitución Nacional de 1992 en cuanto a Derechos indígenas es un avance constitucional trascendental que debe ser activa y enérgicamente protegido. Sin embargo, así como lo establece el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, ¨…preocupa en la práctica, la ausencia de una política integral de protección de los derechos de dichos pueblos así como la capacidad institucional actual lo que implica dificultades graves para el pleno goce de derechos de los pueblos indígenas.¨3

Aun así, y principalmente, teniendo en cuenta que este artículo analiza la disposición constitucional indígena desde el aspecto jurídico formal, es importante hacer énfasis en la protección de las conquistas constitucionales mencionadas, la prohibición de regresividad y la esperanza de avanzar en estos Derechos consagrados ante una eventual reforma constitucional. Esta lucha se deberá afrontar desde todos los frentes, ya sea en las calles y a nivel intelectual.

Al respecto, es importante mencionar a la Corte Constitucional de Colombia, quizá la mayor referente a nivel mundial, en cuanto a jurisprudencia, principalmente, en el ámbito de la justiciabilidad de los Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales. La misma establece y enseña que ¨el mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve restringida, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado es constitucionalmente problemático puesto que precisamente contradice el mandato de progresividad.¨4

Así las cosas, los derechos constitucionales indígenas, ante una eventual reforma constitucional, definitivamente, no solo no pueden ser regresivos ni modificados en detrimento de los Pueblos Indígenas debido a esta prohibición de regresividad, sino que deben ser ampliados a los efectos de progresar en las regulaciones de la propiedad comunitaria de la tierra así como otros derechos fundamentales que no pueden esperar, introduciendo el concepto de territorio ancestral y su reivindicación como Pueblo Indígena, la representación política de los y las indígenas, protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, Consulta Libre, Previa e Informada vinculante, entre otros.

Capítulo IX de la Constitución Nacional. La limitación a la propiedad privada y la expropiación Por otro lado es fundamental también, no solo no retroceder en relación a la limitación a la propiedad privada en cuanto a la admisión de la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, sino avanzar en esa limitación a los efectos de hacer real el Estado Social Derecho, así como se declara la República del Paraguay.5

El Estado Social de Derecho, con sus limitaciones, se basa, principalmente, en la idea de que el Estado debe garantizar a todas y todos los habitantes de la República, todos y cada uno de los Derechos Humanos; civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En ese tenor, y ya en el contexto de la tierra y el territorio, es imposible imaginar el cumplimiento de los objetivos del Estado Social de Derecho si la tierra y la propiedad son privilegios de unos pocos y pocas, sobre todo, porque la tierra no solo tiene una función social que debe estar al servicio de toda la población sino que también tiene el objetivo de la recuperación del territorio indígena en el contexto de la conexión e interdependencia del Derecho a la vida - entre otros Derechos Humanos - y la tierra, territorio y recursos naturales.

Ante esta idea de justicia social colisiona profundamente los latifundios improductivos, la propiedad privada en cuanto afecta a la función social de la tierra y el avance, con la complicidad del Estado, del agro-negocio y el monocultivo, unas de las principales causas que convierten al Paraguay en uno de los países más desiguales del mundo y con mayor concentración de la tierras en unos cuantas personas. En este estado del análisis, no podemos dejar de mencionar, las – aproximadamente - 12 millones de hectáreas espurias y mal habidas que obedecen a la repartición de tierras entre amigos y amigas, correligionarios y correligionarias, empresarios y empresarias durante la dictadura estronista, quienes no eran sujetos ni sujetas de la reforma agraria.

Por todo esto y muchos otros factores que no podríamos abarcarlos en este artículo, se debe no solo no retroceder sino avanzar en la limitación de la propiedad privada y la amplitud de las facultades de las expropiaciones. Al respecto, se deberá modificar también el término empleado por el artículo 109 de la C.N. en cuanto a ¨justa indemnización¨ ya que el mismo se somete a la exigencia de un ¨trato¨ entre el ente estatal y él o la propietaria, permitiendo también la posibilidad, entre otras cosas, de que el Estado tenga la facultad de pagar por cuotas así como expropiar independientemente a la voluntad o no del propietario. Así también, la figura de la expropiación, como se analiza en el siguiente párrafo es una potestad del congreso, que hasta la fecha, no obedece al real interés social y los Derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas ni de la función social de la tierra. Así, una de las opciones para avanzar en el tema, sería sin lugar a dudas, extender la facultad de la expropiación. No hay que olvidar que la tierra tiene una función social al servicio de la justicia social y los Derechos Humanos.

Por otra parte, es sabido que anteponiendo intereses particulares a los Derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas y basados en la protección radical de los empresarios y empresarias relacionadas al agro-negocio y el monocultivo, representantes del Congreso, han denegado expropiaciones de tierras que deben ser devueltas a los y las indígenas así como lo establecen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). De esta manera, los y las parlamentarias, en actos de profunda arbitrariedad, han violado abierta y flagrantemente las decisiones del organismo jurisdiccional supranacional, al que el Estado paraguayo ha ratificado su jurisdicción.

El caso de la comunidad indígena Yakye Axa del Pueblo Exnet es un ejemplo de lo relatado en el párrafo anterior. Así, en este proceso, representantes parlamentarias y parlamentarios del partido político Patria Querida tuvieron a su cargo la fundamentación del por qué no cumplir con la sentencia emanada de la Corte IDH en cuanto a la devolución de sus tierras a la comunidad, violando, de esta forma, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Por otra parte – y siempre en el marco de progresar ante una eventual reforma constitucional – es trascendental prosperar en cuanto a las prerrogativas constitucionales del Estado paraguayo a los efectos de limitar aun más la propiedad privada de la tierra y avanzar en las expropiaciones a fin de hacerla accesible, por ejemplo, a los Pueblos Indígenas, originarios poseedores de sus tierras tradicionales y ancestrales y de esa forma re-establecer la paz social, la justicia social y la plena vigencia de los Derechos Humanos.

Nuevo gobierno

En el escenario político actual con las autoridades elegidas en abril de 2013, no se debe subestimar la posible profundización del liberalismo y en ese marco la propuesta y concreción de una reforma constitucional que retroceda y/o no avance en relación a la limitación de la propiedad privada y las expropiaciones. El progreso constitucional en materia de tierras y territorio indígena así como el de las expropiaciones son mecanismos importantes para evitar que sigan sucediendo una gran cantidad de casos de violación a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, como por ejemplo, el de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa del Pueblo Exnet, quien en abril de 2013, se vio obligada a recuperar sus tierras en manos de un ganadero quien usurpa las tierras de la comunidad, así como los establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otro lado, es clave avanzar ante la eventual reforma de la Carta Magna en cuanto a la Consulta Libre, Previa e Informada de los Pueblos Indígenas, establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Paraguay. En ese marco, como es sabido, desde la asunción del gobierno de-facto de Federico Franco se ha realizado, en tiempo record, autorizaciones para la introducción a suelo paraguayo de semillas transgénicas, así como concesiones de exploración y explotación del Chaco a multinacionales petroleras que afecta territorio y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas como de los Nivaclé y Guaraní Ñandeva, sin consultas de ningún tipo. De la misma manera, existe una gran posibilidad de que estas prácticas sigan aumentando con el gobierno elegido en abril de 2013 teniendo en cuenta, como se mencionó, la potencial profundización del modelo político-económico neoliberal.

Por último, es importante mencionar y hacer énfasis en que se debe trabajar intensamente y estar preparados y preparadas, principalmente los y las defensoras de Derechos Humanos, ante una eventual reforma constitucional para proteger, no retroceder así como avanzar en los Derechos conquistados en relación a Pueblos Indígenas. Para esto se deberá estar acabadamente informados e informadas y anticiparse, tanto a nivel intelectual jurídico en el ámbito constitucional, así como a nivel movilización de las organizaciones indígenas y de Derechos Humanos, estando en contacto permanente con organismos regionales y universales para así, no solo no dar ni un paso atrás sino muchos pasos para adelante.

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