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Informe CIDH: La exclusión y la desigualdad señas de identidad de la afrodescendencia

1ro de junio de 2012

"Las personas afrodescendientes han sufrido históricamente y continúan sufriendo la exclusión, el racismo y la discriminación racial y han sido invisibilizados, aun cuando constituyen la mayoría de población de algunos Estados de la región”. Es la principal conclusión del informe La situación de las personas Afrodescendientes en las Américas (2011) elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cifra a los afrodescendientes en el 30% de la población total de América.

Escrito por Nayra Moreno-Publicado por Guin Guin Bali

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Foto: http://afroubuntu.blogspot.com/
La CIDH, un ente autónomo de la Organización de Estados Américanos (OEA), alerta en el documento de que este grupo poblacional vive "de manera sistemática" en las zonas con mayor pobreza de las regiones, con menos infraestructuras y más expuestos al crimen, afrontando "serios obstáculos" para acceder a la educación, la salud y la vivienda. Según el informe, los jóvenes y las mujeres son los que soportan en mayor medida la discriminación.

Los Estados Americanos reconocen como afrodescendiente a aquella persona de origen africano que vive en las Américas y en todas las zonas de la diáspora africana a consecuencia de la esclavitud a los que se les ha negado históricamente el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Peores condiciones de vida

La población afrodescendiente está concentrada desproporcionalmente en las áreas residenciales más pobres y con mayor déficit de vivienda, poco accesibles, con medios de transporte inadecuados, y sufre mayor exposición al crimen y la violencia.

Los niños y jóvenes parten con una menor perspectiva de futuro, registran mayores tasas de analfabetismo, cursan menos años escolares y supone "un porcentaje muy reducido" los que consiguen estudiar en la universidad. En Colombia, por ejemplo, la mortalidad entre los menores de un año duplicó el promedio de mortalidad infantil.

En relación con el derecho al trabajo, las estadísticas indican que la población afrodescendiente ocupa los puestos más bajos de la escala laboral y mayoritariamente realiza tareas informales y de baja calificación o con una remuneración menor, aunque se realicen las mismas tareas. Además, carecen de los beneficios de la seguridad social y la tasa de desempleo de este colectivo es mayor que la del conjunto total de la población. Es el caso de Brasil, donde el 50% de las personas afrodescendientes tienen una renta mensual menor de dos salarios mínimos. Si nos fijamos en los ingresos más altos, mientras que el 16% de blancos reciben más de diez salarios mínimos, esa proporción baja entre los afrodescendientes al 6%.

Algunas investigaciones han concluido que los empleadores habitualmente discriminan a la población afrodescendiente en posiciones de ventas y gerenciales, utilizando términos como “buena presencia” para manifestar su preferencia por candidatos blancos. La CIDH considera que excluir a una persona del acceso al mercado de trabajo por su raza constituye un acto de discriminación racial y que si el Estado permite que dicha conducta permanezca impune, entiende que se viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En este informe también se documenta la subrepresentación de la población afrodescendiente en el servicio público, comparada con su disponibilidad de fuerza laboral. A esto hay que sumar la subrepresentación en el espacio público. La cantidad de representantes afrodescendientes en ejercicio de cargos electivos, ejecutivos o en partidos políticos es sustancialmente menor al porcentaje de población que representan. De hecho, en aquellos países que han implementado políticas o programas orientados a combatir la discriminación racial, no es infrecuente que el personal de esas entidades no cuente con ninguna persona afrodescendiente. Esta situación provoca impedimentos adicionales para tomar parte activamente en el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar su situación de discriminación estructural.

Perfiles raciales y detenciones arbitrarias

El informe advierte que los afrodescendientes tienden a sufrir una mayor ausencia de garantías judiciales, una falta de sensibilidad de los empleados de la justicia e incluso denuncia el uso de "perfiles raciales como mecanismo selectivo y discrecional" para efectuar detenciones alegando razones de seguridad pública.

El informe concluye que es habitual que se recurra a mecanismos de “sospecha”, para la investigación, detención y procesamiento. Además, persiste una situación de impunidad respecto de los oficiales de las fuerzas de seguridad acusados de incurrir en estas prácticas. La Comisión, de hecho, ha documentado prácticas de detenciones masivas violentas, que abarcarían incluso a comunidades enteras, por ser caracterizadas como criminales.

Los expertos sostienen que el perfil de un “individuo sospechoso” es el de un joven del sexo masculino y afrodescendiente. Una práctica que se ve reforzada por el hecho de que la policía debe cumplir con determinadas metas numéricas de detenciones para demostrar indicadores de éxito en la actividad de prevención, que se cumplirían a través de la detención de las personas más vulnerables.

En este sentido, han indicado la importancia de trabajar con academias de policías para modificar esta noción de “individuo sospechoso” y dejar de utilizar categorías construidas en base a la “intuición”, la “experiencia”, el “olfato” o “el porte de cara”, como así también eliminar el etiquetamiento según el cual, las duras condiciones de vida que deben afrontar los afrodescendientes, los haría más proclives a la comisión de delitos. El establecimiento de esos perfiles no solamente es una práctica discriminatoria sino que, además, es ineficiente.

La Comisión apuesta por el establecimiento de guías y protocolos de actuación, además del seguimiento y control de las prácticas que efectivamente llevan a cabo las fuerzas de seguridad día a día. La CIDH advierte que es imprescindible que los Estados acepten que están utilizando estas prácticas, deroguen la normativa que la establezca, elaboren protocolos de actuación para las fuerzas de seguridad que tengan en cuenta la diversidad étnica y racial e implementen mecanismos adecuados de seguimiento y control de la actividad de los agentes estatales, a fin de detectar y erradicar estas prácticas en las agencias de seguridad.

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Descargar informe La situación de las personas Afrodescendientes en las Américas (2011)