Contexto político
Colombia


Se evidencia el dualismo institucional. La formalidad (constitución, ley 70/93, convenio 169 OIT- ley 21/91) reconoce la titularidad colectiva a los afrodescendientes y los resguardos indígenas y la realidad de la ocupación ilegal por las empresas y el avance de los megaproyectos.

La política de seguridad democrática del Gobierno de Uribe Vélez ha perpetuado y agudizado la violación sistemática de los Derechos Humanos y la desterritorializacion vivida por el pueblo de afrodescendientes.

Este gobierno militarizó las regiones, con fuerzas regulares y estructuras paramilitares, supuestamente desmovilizadas, que hostigan a pobladores civiles, realizan bombardeos indiscriminados, controlan los alimentos, restringen la circulación de bienes y de personas, realizan persecuciones judiciales y extrajudiciales, apoyados de mecanismos institucionales que desconocen derechos, mantienen una impunidad sistemática y una desinformación a la opinión pública, donde la mayoría, bajo el concepto de seguridad democrática legitima su actuar.

Todo esto en cumplimiento de su propósito de generar confianza para la inversión extranjera; es decir, para intereses económicos empresariales que apuntan a la mercantilización de los territorios y la implementación de proyectos productivos que afectan el medio ambiente y la vida de las comunidades.

La impunidad es total frente a los hechos que se han presentado desde el año 1996, las investigaciones que existen no avanzan con la celeridad requerida para enfrentar la criminalidad que se ha enquistado en las lógicas de actuación institucional y que hoy continúa operando en medio de la presencia de la Fuerza Pública, las autoridades civiles, administrativas y ambientales.

No existe voluntad política para la búsqueda de la verdad la justicia y la reparación integral de las comunidades. En la actualidad, Colombia se enfrenta con un conflicto armado desde hace más de cuatro décadas. Este hecho desemboca en diversos problemas:

- Colombia vive un conflicto armado desde hace más de cuatro décadas.

- Es el segundo país con mayor población internamente desplazada, cerca del 9% es decir cuatro millones de colombianos.

- La población afrodescendiente es la más afectada por el desplazamiento forzado se calcula que el 12% del total de la población afrodescendiente ha sufrido desplazamiento forzado.

- La concentración de propiedad es alta el 0,43% de población es dueña del 63% del área rural.

- En el año 2005 los niveles de pobreza nacional se ubicaron cerca de 49% de población en situación de pobreza y el 14,7% de indigencia, de las cuales el 68% y el 28% respectivamente son de la parte rural.

- Las políticas estatales se han orientado a impulsar una contrarreforma agraria reflejada en la alta concentración de la tierra, en el despojo violento de comunidades agrícolas y la promulgación de leyes que legalizan el despojo y eliminación de institucionalidad para adoptar medidas de protección y distribución de la tierra (Informe Alterno al quinto informe del Estado colombiano ante el comité de derechos económicos, sociales y culturales/C.12/COL/5, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y desarrollo).

- Se han aprobado leyes que van en contra del derecho al territorio y que pretenden facilitar el despojo como son el Estatuto de desarrollo Rural (ley 1152 de 2007, ley forestal, declaradas inconstitucionales, entre otras.