Pueblos y culturas
Bolivia


En Bolivia, nos centramos en el trabajo con el "pueblo indígena Guaraní” de los Departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija; Provincias de Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O´Connor y Gran Chaco; Municipios priorizados o piloto son los de Huacareta, Monteagudo, Huacaya, Villa Vaca Guzmán, Macharetí, Lagunillas y Cuevo. Para poder entender sus luchas, es necesario hacer una reseña de la problemática que viven este colectivo:

1. Insuficientes capacidades humanas e institucionales en las organizaciones indígenas guaraníes para asumir los nuevos desafíos que le plantea el proceso constituyente boliviano.

El año 2002, el movimiento indígena boliviano convencido de que se habían agotado todas las instancias públicas agrarias para garantizarle el ejercicio de su derecho constitucional a tierra y territorio, tomó la decisión de marchar rumbo a la sede de gobierno para plantearle al país en su conjunto la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente para generar un nuevo pacto social, en el cual participen todos los sectores sociales de Bolivia con planteamientos propios. El año 2006 se instala la Asamblea Constituyente, básicamente por la presión de los movimientos sociales, y los pueblos indígenas junto al campesinado boliviano, son los primeros, por no decir, los únicos que presentaron una propuesta integral de nuevo texto constitucional. En enero de 2009, se somete a consulta popular (referendo) el proyecto de nuevo texto constitucional, recibiendo el 61,43% de aprobación de la ciudadanía, con lo cual se ingresa en una nueva fase del proceso constituyente, en el cual el principal desafío radica en implementar la nueva constitución política del Estado, que no solo consiste en generar nuevas leyes, sino también establecer políticas y una nueva institucionalidad pública acorde con los mandatos constitucionales vigentes.

Para asumir este desafíos, especialmente las organizaciones indígenas del pueblo guaraní deben contar con cuadros preparados para participar en la gestión pública, para representar y gestionar eficientemente los planteamientos y demandas indígenas, así como articularse con otros actores locales, regionales y nacionales, a la vez que generar plataformas interinstitucionales que le permitan ordenar adecuadamente las intervenciones externas (ONG, Estado, Cooperación Internacional), amplificando su capacidad de incidencia. Lo anterior implicará necesariamente ajustes en su propia estructura organizativa, de tal forma que les permita tener mayor capacidad de incidencia en las problemáticas que intervenga.

2. El proceso de recuperación de espacios de vida indígena a través del saneamiento y la reversión – expropiación de haciendas en las que se ha verificado la existencia de relaciones servidumbrales, ha ingresado en un peligroso estancamiento.

El proceso de saneamiento agrario aplicado en la región del Chaco boliviano (departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija), tuvo impactos negativos para la consolidación del derecho territorial del pueblo guaraní boliviano, debido a que desde los organismos agrarios competentes (INRA, Viceministerio de Tierras, Tribunal Agrario Nacional (TAN), especialmente) fue demasiado evidente la ausencia de voluntad política para hacer cumplir la legislación vigente y la institucionalidad agraria había sido subsumida y copada por sectores agro-empresariales, llegando al extremo de tener a sus más importantes representantes corporativos en calidad de Ministros, Viceministros, Directores del INRA (nacional y departamentales) y en el TAN, y utilizar mecanismos jurídicos de último orden (instructivos, resoluciones administrativas y manuales de normas técnicas) para distorsionar la Ley INRA y su Reglamento. Asimismo, en las anteriores gestiones de gobierno se utilizaron los recursos de la cooperación internacional, para aplicar un proceso de saneamiento que por sus deformaciones jurídicas y técnicas terminó en gran medida favoreciendo a los sectores que acapararon históricamente grandes extensiones de tierras, la mayoría de las veces de forma ilegal e ilegítimamente.

Con el relanzamiento que se logró de la problemática de las familias guaraníes bajo relación servidumbral y comunidades cautivas sometidas a relaciones de trabajo forzado análogas a la esclavitud, se logra un nivel de conciencia ciudadana y política diferente respecto a la necesidad de reorientar el proceso agrario boliviano para garantizar el cumplimiento de la función social de la tierra en Bolivia. Es así que a fines del 2006 como producto de la Marcha Indígena Campesina Por la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, se logra la promulgación de la Ley Nº 3545 que cierra legalmente todas las posibilidades de distorsionar el proceso agrario y se recupera el espíritu de la Reforma Agraria del año 1953, que buscaba una justa redistribución de la propiedad agraria en el país, rescatando y estableciendo institutos legales agrarios como la reversión, expropiación y dotación con la finalidad de responder a las necesidades comprobadas de los pueblos indígenas y el campesinado que no tiene tierras o que la posee de manera insuficiente.

El pueblo indígena guaraní de Chuquisaca y Santa Cruz, fundamentalmente, tuvo que sortear una serie de dificultades y riesgos para lograr que el proceso agrario se relance en el chaco boliviano. Los grupos vinculados a la hacienda rural y al acaparamiento injustificado e improductivo de la tierra resistieron incluso con acciones violentas el ingreso de los organismos agrarios para reiniciar el saneamiento y los procesos de verificación de la persistencia de relaciones servidumbrales y de trabajo forzado. Posteriormente, los pueblos indígenas a la vez que impulsaban el texto constitucional hoy vigente, apoyaron un referendo para establecer un límite para la propiedad agraria individual, que resultó favorable para sus demandas: la absoluta mayoría de la ciudadanía que acudió a las urnas apoyó que el límite constitucional para la propiedad individual agraria se establezca en 5 mil hectáreas, frente a las 10 mil que también fueron consultadas. Posteriormente, el INRA y el Viceministerio gradualmente ingresa y logra avanzar de manera significativa, hasta que nuevamente sea por la vía legal (TAN) o por la reorganización de la resistencia de los sectores que se sintieron afectados, nuevamente estos procesos ingresan en una etapa de estancamiento, que pone en serio riesgo lo avanzado y que exige que el pueblo guaraní y sus organizaciones en coordinación con los organismos de Estado pertinentes retomen las actividades previstas en el ordenamiento jurídico del país.

3. Bajas capacidades socio-organizativas, jurídicas y políticas del pueblo guaraní en Chuquisaca y Alto Parapetí para ejercer sus derechos autonómicos.

Autonomías1 y Libre Determinación2 han sido 2 cuestiones que los pueblos indígenas de Bolivia, han vinculado estrechamente a su derecho al desarrollo integral y con identidad, sobre la base del reconocimiento de su derecho a tierra3 – territorio4 – recursos naturales – derecho propio5.

La actual CPE Plurinacional, como resultado de la capacidad de incidencia del movimiento indígena boliviano ha incorporado la totalidad de las reivindicaciones y planteamientos indígenas, en un largo proceso de movilizaciones propositivas, que tuvieron por característica principal las acciones pacíficas, es decir la ausencia de violencia en sus manifestaciones públicas.

Los pueblos indígenas al referirse a la cuestión de las autonomías, expresan clara conciencia de que esta temática está estrechamente vinculada a la redistribución del poder político, económico y social, y que afecta todos los ámbitos de su vida como colectividad con características, visión de desarrollo y expectativas propias, y no desconocen por lo tanto, que es un camino que les plantea el desafío de abordar su implementación desde una perspectiva intercultural, aún en las autonomías indígenas, lo cual complejiza bastante este propósito.

Las autonomías y sus diferentes formas de expresión (departamental, regional, municipal e indígena) para los pueblos indígenas al igual que para el conjunto de la sociedad civil boliviana, son el canal a través del cual el Estado Plurinacional establece relaciones integrales de mayor cercanía, con una gran diferencia a los órganos nacionales. En las autonomías su base social organizada en comunidades tiene mayores posibilidades de ser un actor de primer orden, pero requiere desarrollar estrategias políticas, jurídicas y socio-organizativas que se lo permitan, porque del éxito que tengan en este cometido dependerán las posibilidades efectivas de “vivir bien”.

En diferentes eventos realizados con el CCCH y la CAP, los representantes guaraníes (hombres y mujeres) expresaron con claridad que también en las autonomías departamentales, las regionales y municipales existen derechos que debemos expresar y lograr su incorporación, porque se quiere formar parte efectiva del Estado Plurinacional boliviano.

En la actual coyuntura, los pueblos indígenas a través de CIDOB y la APG mantienen en el centro de su plataforma de reivindicaciones el respeto a su derecho constitucional de autonomías, que ha desarrollado importantes contradicciones entre el proyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización impulsado por el Ministerio del área y las propuestas indígenas (tierras bajas) y originarias (tierras altas), que de alguna manera recorta los alcances de las disposiciones constitucionales en vigencia sobre la problemática autonómica.

Sin embargo, es importante resaltar que las organizaciones indígenas de tierras bajas, tienen claridad respecto a la complejidad del proceso autonómico boliviano y una de ellas antes que solo los alcances de una ley marco, está el desafío de ir generando una institucionalidad autonómica propia y con capacidad de incidir en su propio entorno regional y departamental.

4.Escaso desarrollo de la capacidad jurídica, política, socio – cultural y organizativa de gestionar los recursos naturales en los territorios indígenas.

Las organizaciones indígenas en general y el pueblo guaraní, en particular, han desarrollado las más complejas estrategias para recuperar legalmente espacios de vida que les fueron arrebatados por diferentes vías (despojo legal y con uso de violencia, especialmente), y en términos generales a pesar de las grandes dificultades que debieron afrontar han tenido relativo éxito. Sin embargo, no se puede olvidar que la existencia de un título ejecutorial no asegura en sí mismo el derecho propietario, debido especialmente a las condiciones de pobreza en que aún se debate la población indígena en nuestro país y la ausencia evidente de un accionar estatal vinculado a generar condiciones para mejorar sus niveles de vida. La pobreza material de los pueblos indígenas es el factor principal para que en los espacios recuperados todavía se tengan acciones ilegales de aprovechamiento promovidas por agentes externos que continúan desarrollando acciones de alto impacto ambiental en los territorios indígenas (extracción forestal, especialmente) y también la actividad petrolera y minera, que si bien no podría señalarse como actividad ilegal, no se desarrolla respetando el derecho de consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas en sus áreas de intervención.

Es por lo anterior, que el pueblo guaraní de Chuquisaca especialmente, se ha planteado el desafío de iniciar procesos de recuperación y actualización de su normativa propia, a la vez que generar mecanismos de gobierno, control y apropiación territorial, en torno a su necesidad de desarrollar capacidad de gestión de recursos naturales, de gobernanza ambiental y justicia comunitaria, es decir, aprender a ejercer soberanía sobre los espacios de vida que el Estado reconoce como bajo su propiedad. Lo contrario significa aceptar que a pesar de que ahora los pueblos indígenas son propietarios legales de los espacios de vida recuperados, pero continúan pobres, porque no logran gobernar los mismos, y son en alguna medida arrastrados por las condiciones de pobreza que tiene niveles críticos.

5.Escasa o ninguna participación y control social en la institucionalidad pública vinculada a los derechos de los pueblos indígenas afecta negativamente las posibilidades de ingresar en un proceso de desarrollo sostenible y con identidad propia.

El Título VI de la nueva CPE – PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL1, establece a través de 2 artículos (241 – 242) y 16 disposiciones las características y competencias que deberá tener el sistema de Participación y Control Social en el país.

Para los pueblos indígenas, y en realidad para la sociedad civil boliviana en general, es un desafío estratégico involucrarse en lo que nuestra constitución denomina participación y control social, porque en realidad antes que un derecho está concebido como un quinto órgano de poder público generado desde la sociedad civil misma, y esto supera con creces lo que la Ley de Participación Popular se propuso en su momento, pero también es previsible que su construcción como órgano de poder implique la generación de conflictos intersectoriales, interregionales, todos por supuesto, con un origen de ampliar o “achicar” hegemonías, y será otro espacio de la vida en sociedad que tendrá que ser asumido responsablemente por todos los sectores sociales y políticos con responsabilidad y voluntad de articulación intercultural, debido a que no solo es un derecho reconocido a los pueblos indígenas o el campesinado o los jóvenes, sino a todo el complejo tejido social y socio-cultural del país, que legítimamente portan en sí mismos expectativas y preocupaciones diferentes, así como complejas estrategias de copamiento.

El CCCH, ha considerado que la participación y control social constitucionalmente definidos, implicará para el pueblo guaraní de Chuquisaca, especialmente, un desafío que no pueden eludir porque se estarían planteando pasar de no haber sido sujetos efectivos del anterior proceso de participación popular a ser actores de primer orden especialmente en la región chaqueña y también a nivel departamental, lo que les exigirá tener claridad, iniciativa y capacidad de incidencia e identidad en este proceso, asumiendo el rol de articuladores de otros actores y fuerzas socio-políticas de las provincias Hernando Siles y Luis Calvo, pero también en el resto del departamento.

6.Ausencia de políticas públicas en todos los niveles del Estado Plurinacional dirigidas a resolver las necesidades indígenas de desarrollo integral, protección y ejercicio de sus derechos colectivos.

La lucha constante e inteligente de los pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia, les ha permitido alcanzar los más elevados niveles de reconocimiento jurídico (constitucional, especialmente) de sus derechos individuales y colectivos, sin embargo, en razón a que el país se encuentra en una fase de construcción de un nuevo Estado, debería resultar claro que esos avances son insuficientes si se toma en cuenta que el desarrollo no es un tema de acumular disposiciones jurídicas simplemente, sino de asignar ordenadamente recursos para generar condiciones diferentes a las que se han tenido hasta el presente.

En palabras de uno de los líderes y luchadores históricos del pueblo guaraní en Chuquisaca, Bonifacio Chávez – El Tío -, los pueblos indígenas hemos avanzado mucho, no es que nos hayamos estancado… Eso lo sabemos quiénes hemos dejado de estar empatronados y que hemos conocido el sufrimiento en manos de los hacendados. Pero yo me pregunto, si nosotros los guaraníes,…los indígenas o alguien puede comer letras o papeles y con eso mejorar su vida… Por eso digo, que nos falta hacer entender a nuestros hermanos bolivianos y bolivianas que no son indígenas, y también a nuestro presidente Evo, que necesitamos que nos consideren una prioridad para el desarrollo de Bolivia, y lo mismo se haga en Chuquisaca, en Hernando Siles y en Luis Calvo… Si el nuevo Estado no llega a la vida del pueblo guaraní con recursos que salen de los recursos que están debajo de nuestros pies, y que deben ser bien utilizados, no creo que podamos vivir solo de “bonos” o de la cooperación internacional, necesitamos que proponer políticas públicas que respondan de manera realista a nuestras necesidades de desarrollo.

Para el pueblo guaraní y para la sociedad en su conjunto, es importante que se formulen políticas públicas que direccionen adecuadamente la utilización de los recursos públicos en áreas que tengan un alto impacto en la vida de las personas y de las colectividades, priorizando aquellos cuyos bajos grados de desarrollo humano, los identifican en situación crítica. Lo contrario puede significar, que hemos llegado a creer que es suficiente para el desarrollo integral la sola formulación de constituciones y leyes, sin que el Estado demuestre en la práctica que hay prioridades y dentro de éstas están sectores que requieren y demandan su concurso ordenado, coherente y participativo, para consolidar viejos o nuevos pactos sociales.

Para ejemplo basta citar lo ocurrido con el denominado Plan Interministerial Transitorio 2007 – 2008 (PIT) creado a través del D.S. Nº 29292 y que estaba conformado por varios ministerios vinculados a la problemática de la servidumbre y el trabajo forzoso, y cuya temporalidad fue ampliada por un año más en diciembre de 2009, mediante otro D.S. (20794), pero que en criterio de las organizaciones guaraníes este plan ha fracasado especialmente en el ámbito de la reconstitución territorial1 y por lo tanto, resulta engañoso hablar de que el pueblo guaraní está avanzando firmemente hacia su liberación integral.

Las organizaciones indígenas demandaron la disolución del PIT, cansadas de observar el escaso o ningún impacto de esa institucionalidad creada por el gobierno, que se ocupó fundamentalmente de consumir los escasos recursos asignados en el pago de una pesada planta burocrática y técnica, y que en ocasiones ha funcionado inclusive como factor de presión política sobre las dirigencias. Esto lleva a preguntarse si existe o ha existido verdaderamente un compromiso del Estado boliviano y una política seria de erradicación de la Servidumbre, el Trabajo Forzoso y Formas Análogas. La realidad vivida, parece responder que no ha sido así.