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19 de julio de 2011

Bolivia está viviendo un proceso constituyente, que actualmente se encuentra en una etapa en la cual habiéndose aprobado por referendo una nueva constitución, tiene ante sí el desafío de asumir su implementación, tomando en cuenta la naturaleza y carácter plurinacional por el cual ha apostado la inmensa mayoría ciudadana del campo y las ciudades.

La nueva Constitución Política del Estado (CPE), aprobada el 7 de febrero de 2009, reconoce una cuota de parlamentarios indígenas, un tribunal constitucional plurinacional, el derecho a la autonomía y al autogobierno indígena, además de la propiedad exclusiva de los recursos forestales de las comunidades indígenas. En la carta se prohíbe el latifundio, se organiza el estado en cuatro poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), se designa como idiomas oficiales a 36 lenguas indígenas además del español y se estable la libertad de religión y credo, así como la independencia de la misma con respecto al estado.

En mayo de 2010 Morales ordenó la nacionalización de cuatro firmas de electricidad, establecido control estatal sobre el 80% de la generación d ella energía.

En la nueva constitución aparece reflejada una de las reivindicaciones centrales para los pueblos indígenas, como el Territorio Indígena Originario Campesino. Esta visibilidad apertura un conjunto importante de posibilidades para su desarrollo integral. Sin embargo, los pueblos indígenas continúan afrontando una serie de amenazas para la consolidación de sus derechos constitucionalmente reconocidos.