Comunicado desde Honduras

Proceso electoral: Un peligroso contexto para los derechos humanos

28 de octubre de 2013

En la última semana, prevaliéndose de la emergencia nacional generada por la inseguridad y violencia, el Partido Nacional a través de la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández ha lanzado la Policía Militar de Orden Público contra los opositores políticos.

Además de usar esta dinámica de fuerza para generar voluntad electoral a 30 días de la competencia general, Hernández usa el Ministerio Público y los tribunales para fortalecer su campaña.

Hasta ahora es el Partido Libertad y Refundación, LIBRE, el más impactado por los hostigamientos, amenazas y asesinatos contra sus miembros, procedentes de instituciones públicas generadoras de un ambiente tenso con terror, que beneficiaría al candidato nacionalista y presidente del Legislativo, a la vez.

Asesinatos políticos

El Camarógrafo Manuel Murillo Varela, quien gozaba de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, fue encontrado muerto de tres impactos de bala en el rostro, este 23 de octubre en la Colonia Independencia, de la ciudad de Comayagüela. El se desempeñó en el año 2008  como camarógrafo oficial del presidente derrocado Manuel Zelaya Rosales. Cuando laboró para Globo TV , el 02 de febrero de 2010 fue secuestrado y torturado, y en los últimos años trabajo directamente con Rasel Tomé, aspirante a diputado por parte del partido político Libertad y Refundación (LIBRE).

A comienzos del mes de octubre, el 03, hombres fuertemente armados asesinaron en su labranza a Terencio Paz, Subcoordinador de LIBRE en el Norte del Municipio de La Iguala, en el departamento de Lempira; una semana antes encapuchados lo habían buscado afanosamente en la zona.

Allanamientos

El 23 de octubre de este año fue allanada la casa de Edwin Robelo Espinal, miembro activo de la resistencia contra el golpe de Estado y simpatizante de LIBRE, en la colonia Flor del Campo, de Tegucigalpa, se utilizó como actor principal a la Policía Militar recién creada y ésta, a su vez, utilizó al Poder Judicial, Ministerio Público, Dirección Nacional de Investigación Criminal, Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, Dirección de Inspecciones Oculares, Cuerpo Antibombas, Unidad Canina, Policía Preventiva y Ejército.

Según el acta del allanamiento que autoriza como juez ejecutor a un sargento del Ejército, el Estado buscaba un lanzagranadas, armas automáticas y drogas en la residencia de Espinal, al estilo de los comandos de la policía política de Álvaro Uribe en Colombia, país con el que el régimen suscribió uno de sus primeros convenios en 2010 para interceptar a la resistencia anti golpista. Con su rostro encapuchado, el sargento raso que ejecutó el atraco y todo el personal bajo su mando, actuaron por orden del Juez Claudio Aguilar, pieza clave del golpismo para usar el sicariato judicial contra la resistencia hondureña. Otro allanamiento con las mismas características se produjo el 07 de mayo anterior en la vivienda de María Concepción Ortega Lanza. Unos 50 militares encapuchados, con perros amaestrados asaltaron su casa encañonando a toda su familia directamente en su rostro y generando el terror en todos los alrededores del sector de la colonia Kennedy donde habita la afectada quien es activista de LIBRE y hermana de Gladys Lanza, Coordinadora Nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla. Estos militares son parte de la Operación Libertad, que fue aprobada su existencia en Concejo de Ministros, el 02 de abril de este año.

El 11 de octubre pasado, a las 5:00 am, la Policía Militar también entró a la casa de Marco Antonio Rodríguez, Vicepresidente del Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia, SITRAPANI, sin orden de allanamiento y saltando las paredes, diciendo que buscaba armas. Después, el 12 de octubre, el sindicalista Pedro Elvir, también del SITRAPANI, fue objeto de persecución en el anillo periférico hasta interceptarlo con un vehículo, cuyos ocupantes lo amenazaron.

Amenazados a muerte y supuestos asaltos

En lo que va del año 20 personas entre activistas y miembros del Partido LIBRE ha sido amenazados a muerte en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, El Paraíso, Lempira, Olancho y Santa Bárbara. También se han documentado unos seis casos de supuestos asaltos contra personas vinculadas al activismo de este mismo partido político, en especial en Comayagua y Danlí.

Coinciden estas acciones de terror con una campaña hostil que incita el odio contra la membrecía de LIBRE a través de los periódicos, la televisión, la radio, redes sociales y grafitis, que el Tribunal Supremo Electoral no ha detenido. Esta campaña es manejada por expertos en guerra sucia, secuestros y torturas en la década de los ochenta, algunos de ellos son candidatos a cargos de elección popular, que están involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y aplicaron a sus víctimas la Ley Fuga y les sacaron sus uñas en largas sesiones de tortura.

Paralelamente a este accionar, los “magistrados” del TSE afirman que la de 2013 es “una de las mejores campañas de todos los tiempos desde que se implementó la democracia en 1982 en Honduras”.

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