Guatemala

Permiso para robar

13 de febrero de 2013

El Congreso de la República acaba de recibir 5 proyectos de ley que incumben a la economía nacional. El paquete lo respaldan las principales organizaciones empresariales que representan a la oligarquía de Guatemala. Los proyectos son los siguientes: 1º. Ley Marco del Sistema Nacional para la Competitividad y la Productividad; 2º. Ley de Promoción de Inversiones y Empleo_; _3º.Ley Regularizadora del Trabajo por Hora y su Inclusión al Sistema de Seguridad Social; 4º. Reforma a la Ley de Propiedad Industrial; y 5º. Reformas a la Ley de Garantías Mobiliarias.Escrito por Tania Palencia Prado

Estos documentos prometen mejorar la calidad de vida de la población y anuncian que se estimulará la descentralización industrial. Sus principales metas son fortalecer la coordinación de esfuerzos institucionales para ordenar el comercio, para promover el mercado de productos nacionales, para generar empleos y para estimular nuevas inversiones en distintos lugares que no sean el departamento de Guatemala. Prometen el “_pleno empleo” _y_ “la equitativa distribución del ingreso nacional”_.

Detrás de estos proyectos hay estrategias de despojo. Lo que en realidad persiguen es garantizar que las elites tengan el control de las nuevas cadenas productivas o de servicios para asegurar que el grueso de las ganancias se quede en sus bolsillos. No hay estrategias de equidad en estas leyes, lo que aparecen son los mismos viejos mecanismos colonialistas para robar trabajo humano y disponer a su antojo de los recursos naturales. Son leyes pensadas desde y para los grupos que ya tienen todo. A eso le llaman competitividad y productividad.

La primera estrategia de control está en el proyecto de LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD. Aquí lo que pretenden es legalizar e institucionalizar la dirección que las cámaras empresariales y financieras ya tienen de toda la economía, a modo de que el Estado tenga una estructura fija a su mando y que no sea alterada por ningún gobierno de turno. El contenido de este proyecto explica por qué tiraron a la basura la Ley de Desarrollo Rural Integral, donde se proponía la creación de un ministerio para dirigir el desarrollo rural. Este proyecto quiere integrar un sistema nacional con cuatro órganos estratégicos: 1º. El Ministerio de Economía; 2º. La Secretaría para la Competitividad, Productividad e Inversiones de la Presidencia de la República; 3º. El Consejo Nacional de Promoción de Competitividad, Productividad, Inversiones, Exportaciones y Turismo (CONAPEX) y 4º. El Instituto Guatemalteco para la Competitividad, la Productividad, las Inversiones, las Exportaciones y el Turismo (PROGUATE).

La Secretaría para la Competitividad modificará la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo y su función sería atender las relaciones políticas para la producción económica y facilitar la coordinación interinstitucional de programas, proyectos y actividades de fomento productivo. Su jefe será la Presidencia de la República. Todo un estilo jerárquico.

El CONAPEX será un órgano consultivo público-privado y un foro para el seguimiento y debate de las políticas públicas sobre competitividad, productividad, inversión, exportaciones y turismo. Estaría integrado por 30 organizaciones. No se propone ni una sola organización indígena o campesina ni a organizaciones cooperativas autónomas. Sólo admite una delegación de la Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas (CONFECOOP) y de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa Guatemalteca (FEPYME). De las otras 28 organizaciones, 13 son del Estado entre ministerios y secretarías como la SAT y las 15 restantes representan a la flor y nata del poder finquero: el CACIF, ASAZGUA (azucareros), AGEXPORT (maquila agrícola); VESTEX (maquila de textiles), ANACAFE y las cámaras empresariales de comercio, finanzas, del agro, de la industria, de las telecomunicaciones, de la construcción, de turismo y una tal Red Nacional de Gestores.

PROGUATE es el golazo. Las principales funciones de PROGUATE serían: aumentar la productividad de la pequeña y mediana empresa, atraer inversiones, promover exportaciones y turismo, asegurar que el resto de políticas del Estado sean congruentes con la competitividad y promover el uso productivo de las remesas del exterior. PROGUATE tendría cuatro programas: Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), Programa Nacional de Inversiones (PROINVEST), Programa Nacional de Promoción de las Exportaciones y el Turismo y Programa Nacional de Promoción de la Imagen del País. Los dos primeros programas ya existen y están absolutamente integrados por operadores del CACIF. El PRONACOM y PROINVEST han sido co-responsables de estimular la inversión en minería, gas y petróleo y ya tienen control sobre el mercado que se moverá en la Franja Transversal del Norte y en el llamado Canal Seco.

La Junta Directiva de PROGUATE no tiene nada de entidad público-estatal a no ser por la presencia del ministerio de Economía. Sus otras delegaciones son del CACIF, de la Secretaría para la Competitividad y de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA). FUNDESA tiene una estrategia de combate a la pobreza cuyo contenido muestra lo que el proyecto de ley oculta: todos estos grupos empresariales ven a los pobres no como personas sino como objetos que pueden ser usados para encadenar valor que no les regresa. En su estrategia FUNDESA se proponer “_integrar a los pobres a la economía”. _¿Desde cuándo los pobres están afuera de la economía? Gracias a los pobres es que existen las riquezas de los finqueros. Sin ellos, sin los salarios de hambre, sin el analfabetismo, sin el trabajo de las mujeres para dar comida a las familias que bajan a cosechar la palma africana, el azúcar, el café y antes el algodón, la economía de este país no existiría. FUNDESA también dice que lo que hay que hacer es aglutinar conglomerados productivos, darles asistencia técnica e integrarlos en cadenas de valor. Aquí está el secreto perverso de esta ley: quieren permiso para robar el trabajo de la gente. Y quieren hacerlo usando las remesas de los pobres que se han ido de Guatemala precisamente para no ganar salarios miserables. Jineteando las remesas arman su estrategia. Pero el único encadenamiento que estos grupos aceptan es exactamente al estilo maquila: le propongo que trabaje a destajo, tranquilamente en su casa o en su terreno; yo lo capacito y le puedo dar un crédito. Usted paga la luz, usted paga el agua que gaste, yo le compro el producto, lo saco de Guate y lo vendo a un precio que puede ser hasta 100 veces mayor de lo que le pagué a usted. ¿Trato hecho? ¡Muchas gracias! quieren que digan los pobres.

El proyecto de LEY DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y EMPLEO es la herramienta que necesitan para legalizar el robo del trabajo. Este proyecto crea las zonas y unidades de desarrollo económico en cualquier lado que no sea el departamento de Guatemala. No deroga la ley de zonas francas ni la ley de maquila para quienes quieran quedarse en el departamento de Guatemala. Las nuevas zonas de desarrollo no pueden ser para minas, gas o petróleo, ni para producir electricidad, azúcar, banano o café; nada de agricultura ni de ganadería. Son zonas industriales y agroindustriales. Necesitan mano de obra calificada y por eso esta ley dice que el Ministerio de Educación y las Municipalidades pueden brindar apoyos sin costo para capacitaciones. Lo que no dice es que precisamente por eso le urge al Ministerio de Educación aprobar la reforma educativa, para que las y los nuevos bachilleres vayan a estas zonas a vender su mano de obra.

El crecimiento agroindustrial es una propuesta que fue planteada por el gobierno de Jacobo Árbenz desde la revolución de 1944. En aquella época a los finqueros esa idea les pareció comunismo. Ahora, setenta años después, sí la aceptan pero con una condición: casi total exoneración de impuestos. Y su más grande perversidad es que la ley propone acreditar al impuesto sobre la renta el 100% de los salarios pagados a sus trabajadores (as) de planilla. Eso simplemente implica que el trabajo en esas zonas valdrá menos y también quiere decir que, al final, una parte de los salarios la pagará el pueblo.

El proyecto de LEY REGULARIZADORA DEL TRABAJO POR HORA Y SU INCLUSIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL es el tiro de gracia que mata la protección de los derechos laborales y sindicales. Esta ley abunda en prometer el pago de prestaciones laborales, el pago de la seguridad social y el respeto a las jornadas extraordinarias. Una promesa muy retórica porque ya sabemos que Guatemala es uno de los países de América Latina que mayor número de violaciones laborales tiene en la Organización Internacional del Trabajo (OIT); que el sector privado guarda la mayor deuda por no pagar IGSS y que los salarios mínimos están lejos de acercarse a la canasta básica de alimentos. Entonces lo que hace esta ley es legalizar más trabajo en menos tiempo y por el mismo salario, otra manera de robar trabajo.

Las últimos dos proyectos, el de REFORMA A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL y el de REFORMAS A LA LEY DE GARANTÍAS MOBILIARIAS proponen cambios para asegurar la propiedad de las nuevas marcas que saldrán de los productos o del turismo y allí esperemos que las grandes empresas se apropien de cuanta palabra Maya le sea útil para venderse afuera del país. También quieren darle certeza a los bancos chapines de que podrán expropiar los bienes muebles de toda aquella persona o empresa que no les pague sus créditos.

Este paquete legal está directamente vinculado con la visión que el CACIF tiene para la Guatemala del año 2025: los campesinos se habrán transformado en obreros mal pagados, hay más caminos, más consumo chatarra, probablemente más escuelas y eso será el desarrollo. ¿Cómo se usará el agua en las zonas de desarrollo? ¿Cómo se apoyará a los municipios? ¿Cómo se combatirá la inseguridad alimentaria? ¿Quién recibirá los mayores beneficios? De eso no dicen nada. No les importa discutirlo. El Convenio 169 dice claramente que los pueblos indígenas tienen el derecho a decidir sus prioridades de desarrollo. ¿Por qué no acataron esta ley si son tan legales? Ni por asomo piensan dar participación a los productores directos. Sus cadenas de valor encadenan a los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas. El control es de la oligarquía. Decir oligarquía no es proferir una ofensa, es explicar que un grupo de no más de 10 familias tienen el dominio de todo el aparato productivo de Guatemala.

Las propuestas de ley son dañinas para la mayoría de la población. Pero hay otro peligro que está latente y no tiene mayor cosa que ver con este paquetazo. Ese peligro es que no hagamos nada, que la ciudadanía siga permitiendo que la casta de ricos y racistas defina y haga lo que se le antoje con la economía de las comunidades y con el trabajo de la gente. Es urgente detener esa arrogancia inhumana. Es urgente que el Congreso engavete esas leyes. ¿Qué tipo de economía queremos tener? Alrededor de esta pregunta ya está naciendo el más grande movimiento social de Guatemala. Qué bueno sería que en lugar de dar órdenes a los pequeños productores, las autoridades electas se acostumbraran a consultar al pueblo y, en base a eso, tomaran decisiones para el buen vivir de todos. En eso se basa el servicio a la nación. Eso sería autodeterminación. Ir a fuente original