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Comunicado

La misión de observación electoral de la Federación Internacional de Derechos Humanos ante las múltiples irregularidades y violaciones de derechos humanos constatadas en las elecciones en Honduras

12 de diciembre de 2013

Como delegación*, la misión de observación electoral en Honduras –organizada por la FIDH, con apoyo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) en el marco de las elecciones del pasado 24 de noviembre de 2013-, reiteramos nuestra profunda preocupación ante las múltiples irregularidades constatadas en el proceso electoral- elecciones Presidenciales, legislativas y municipales. Tales irregularidades nos llevan a instar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Ministerio Público a atender las demandas de revisión y auditoría de los resultados formulados por el Partido Anti-Corrupción (PAC) y el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), quienes no aceptan ni reconocen los resultados oficiales divulgados por el TSE.

El día 25 de noviembre, como delegación de la FIDH denunciamos de manera pública, y con enorme preocupación, irregularidades en el proceso electoral observado y la proclamación de los resultados de forma inmediata. La observación directa del proceso nos permitió constatar: el hecho de que un número significativo de ciudadanos y ciudadanas no pudieron votar por figurar como difuntos en los padrones electorales o que presentándose a la mesa electoral no pudieron ejercer el sufragio porque otras personas habían votado por ellos, la compra de credenciales o la puesta en práctica de mecanismos de influencia en la decisión del voto de los ciudadanos a través del ofrecimiento de beneficios económicos por afiliación al Partido Nacional mediante la entrega de tarjetas personalizadas de descuento en comercios y servicios que además podrían suponer financiación irregular de la campaña electoral.

Cuestionamos también otras prácticas que contribuyen a aumentar las irregularidades de todo el proceso: la falta de transparencia en la financiación de las campañas políticas, la poca claridad sobre el origen de determinados recursos económicos aplicados a ella, en especial por parte del Partido Nacional, y la denuncia de prácticas que pueden haber implicado manipulación del conteo electrónico de votos y en la transmisión de los datos de las actas de las mesas electorales. Nos preocupa enormemente la fuerte presencia militar en los centros electorales y el uso de las Fuerzas Militares en tareas propias de la policía.

Por otra parte, partidos políticos que han obtenido un importante apoyo electoral denunciaron a su vez las irregularidades del proceso. El día 27 de noviembre de 2013, el Partido Anti-Corrupción impugnó los resultados oficiales emitidos por el TSE y el viernes 29 de noviembre, el Partido LIBRE denunció irregularidades en el proceso electoral, principalmente en relación al sistema electrónico de transmisión de datos. Dichas denuncias deben ser seria e imparcialmente investigadas.

Ante los hechos anteriormente expuestos, consideramos una obligación ineludible de las instituciones electorales hondureñas poner en marcha, de forma inmediata y de la manera más transparente posible, una auditoría de verificación de resultados electorales sobre los siguientes aspectos:

- realización de cotejo y recuento de las 16.135 actas originales de cierre de votación presidencial. Tal recuento deberá ser realizado en presencia de miembros de todos los partidos, incluidos los que demandan esta acción, partidos que a pesar de representar fuerzas políticas significativas han carecido de participación dentro del Tribunal Supremo Electoral.

- realización de una auditoría internacional post electoral del sistema de transmisión electrónico de datos.

- proporcionar los informes de cada partido sobre las credenciales de los observadores de mesa para esclarecer las acusaciones de actos de corrupción relacionados con la venta de estas credenciales.

- apertura de una investigación en relación a las falsificaciones y alteraciones de materiales electorales por parte de la Fiscalía Especial sobre Delitos Electorales del Ministerio Publico.

Igualmente reiteramos la preocupación expresada en el comunicado emitido el 25 de noviembre sobre las denuncias recibidas en relación a la existencia de listas de personas identificadas como objetivos para asesinatos selectivos. La delegación ha recibido información de que al menos 5 personas que figuran en las listas presentadas han sido víctimas de persecución, al grado de tener constancia de dos casos en que se han visto obligados a refugiarse fuera de su entorno diario para proteger sus vidas. A su vez evidenciamos las denuncias recibidas en relación al asesinato de cuatro activistas del partido LIBRE desde el 23 de noviembre, sumados a los más de treinta asesinatos contra miembros de este partido acaecidos en el último año, preocupación que transmitimos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, por la persistencia de hechos de violencia política que podrían ser considerados como sistemáticos.

Consideramos necesario recordar que los derechos civiles y políticos, contemplados en las declaraciones y pactos de los sistemas interestatales de derechos humanos, imponen el deber de garante y de debida diligencia por parte del Estado hondureño; la fiscalización ciudadana de la gestión de lo público es un elemento fundamental en la construcción de la democracia y las movilizaciones ciudadanas pacíficas deben ser respetadas como máxima expresión del derecho a la libertad de expresión y manifestación, y condenamos que estas puedan llegar a ser criminalizadas o reprimidas, lo que supondría una inaceptable restricción de las libertades y derechos fundamentales de la población hondureña.


* La misión está integrada por: Baltasar Garzón jurista y defensor de derechos humanos español, Luis Guillermo Pérez Casas abogado y responsable de misión de la FIDH, Lisa Haugaard del Latin America Working Group, Annie Bird de Rights Action, Mirna Perla ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Julieta González de APRODEV-Programa de Incidencia para Centroamérica, Bruselas, Susanna Daag de la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica (CIFCA) Bruselas, Hollman Morrris periodista y defensor de derechos humanos de Colombia, Enrique Santiago del Foro de Abogados de España, Beatríz Gil del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA), España, y Pascal Paradis de Abogados sin Fronteras Canadá.


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