Acción urgente

Estado de Honduras discrimina a víctimas de la DEA

5 de junio de 2012

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH, expresa su total repudio y extrema preocupación por el abandono del Estado de Honduras a las víctimas de la Drug Enforcement Administration DEA y de sus agentes de seguridad, como resultado del operativo antidrogas, efectuado el 11 de mayo de 2012 en la comunidad de Paptalaya, en Ahuas, Departamento de Gracias a Dios.

El ataque fue dirigido a civiles desarmados que viajaban por el rio Patuca, dejando como consecuencia 16 familias afectadas: cuatro personas muertas entre estas dos mujeres embarazadas y un niño de 14 años; cuatro heridos, uno de ellos también niño de 14 años, tres viviendas allanadas, tres víctimas de tratos crueles inhumanos y degradantes, y 10 niños huérfanos.

El operativo ejecutado por una fuerza multinacional, que de acuerdo al Ministro hondureño de Defensa Marlon Pascua no integró las Fuerzas Armadas nacionales[1], ha tenido un costo humano muy alto para la población de Ahuas, y para la sociedad hondureña.

El Cofadeh hace un urgente llamado a la comunidad internacional de Derechos Humanos y al mundo democrático, a actuar enérgicamente para impedir que a las víctimas se les violenten nuevamente sus derechos.

La indiferencia o cobardía de las autoridades estatales para enfrentar las consecuencias de sus actos fuera de la ley ha provocado que las personas que resultaron heridas no hayan recibido hasta ahora la atención médica adecuada y sus parientes sean criminalizados por difundir la denuncia.

El niño Wilmer Lucas Walter (14) y el joven Lucio Adan Nelson Queen (22), que viajaban en el Pipante tiroteado por la DEA y Agentes hondureños, se encuentran hospitalizados desde el 11 de mayo en centros hospitalarios regionales y aún no han sido intervenidos quirúrgicamente como la gravedad de sus heridas lo requieren.

Wilmer corre el riesgo de perder su mano izquierda por negligencia en la falta de atención y Lucio se está infectando y debilitando, en espera de una intervención ortopédica en su brazo derecho.

En medio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, las principales víctimas son pobladores indígenas misquitos, entre ellos, niños y mujeres; el responsable principal de estos gravísimos hechos es el Estado.

No obstante, el ejecutivo del régimen actual, Porfirio Lobo Sosa, no ha brindado un informe oficial de lo sucedido el 11 de mayo, por el contrario manifestó su ignorancia sobre los hechos en rueda de prensa el viernes 1 de junio en casa Presidencial e ironizó con comentarios discriminatorios contra la población Indígena Misquita. Lobo no solamente pone en duda lo ocurrido y sus fatales resultados, sino también insinúa en forma irresponsable que los pobladores atacados son narcotraficantes por navegar el Río Patuca en horas de la madrugada, cuando esta zona carece de transporte público, y los pobladores viajan por el agua huyendo al sol al carecer de puentes y carreteras en un territorio abandonado por el Estado.

Estados Unidos, el segundo Estado involucrado, también evade responsabilidad. Lisa Kubiske[2], su Embajadora en Tegucigalpa, ha declarado que el equipo de la DEA que actuó en la Mosquitia lo hizo en defensa propia y porque, además, era su deber en la lucha contra el tráfico de drogas. Aun cuando su gobierno ni el de Porfirio Lobo han realizado una investigación seria y profunda de los hechos del 11 de mayo, la diplomática prejuzgó.

Ahuas se encuentra militarizada, la población y las familias dolientes intimidadas. No es casual el racismo y la discriminación hacia las víctimas del 11 de mayo, en este caso se inscribe el rechazo estatal hacia los pueblos indígenas como una forma de negar su capacidad y derechos que se convierte históricamente en exclusión social.

En consecuencia, el Cofadeh solicita a la comunidad internacional y nacional:

- Exigir al Estado de Honduras que tome las medidas necesarias para proteger y garantizar la vida de los sobrevivientes.

- Exigir que Wilmer Lucas Walter (14) y el joven Lucio Adan Nelson Queen reciban el tratamiento adecuado con la celeridad que el caso amerita en los hospitales del Estado, pues su situación ahora es tan grave como invisibilizada; requiere de voluntad política para resolverla.

- Exhortar a ambos gobiernos a investigar en forma imparcial y exhaustiva los hechos del 11 de mayo de 2012, que desemboque tanto en la sanción de los responsables, nacionales y extranjeros, materiales e intelectuales conforme a derecho, como en la reparación integral de los daños.

- Una investigación expedita, eficiente, independiente e imparcial respecto de la violación a los derechos de las personas detenidas y especialmente respecto de la tortura infringida, la cual debe incluir:

- ¿Quién estaba a cargo del operativo?.

- ¿Cuál fue la línea de mando?.

- ¿Cuáles fueron los lineamientos de las agentes estatales de Honduras y EE.UU acerca del uso de la fuerza, y en particular sobre el uso de sus armas de guerra?.

- ¿Quién dio la orden de abrir fuego y con qué criterios?.

Recordarle al Estado de Honduras su obligación de promover y hacer respetar los derechos y obligaciones contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos que ha ratificado, lo que incluye derechos de primera y segunda generación. Además, de los derechos especiales de los pueblos indígenas

Favor dirigir sus llamamientos a:

Porfirio Lobo Sosa. Casa Presidencial.

Tel (504) 2221-4558, 2221-4560, 2221-4562 Fax (504) 2290-5000, 2221-4545

Mail: info@presidencia.gob.hn

Juan Orlando Hernández Congreso Naciona.l

Tel (504) 2269-3181/Fax 2269-3000

Mail: portalpj@poderjudicial.gob.hn

Jorge Alberto Rivera Avilés. Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Tel (504) 2269-3000/2269-3069 2269-3981

Mail: cedij@poderjudicial.gob.hn

Luis Alberto Rubí. Fiscal General de la República.

Fax (504) 2221-5667/Tel (504) 2221-5670 221-3099

Mail: lrubi@mp.hn/ suazog@mp.hn

[1] “esta no es una operación de las Fuerzas Armadas, no es coordinada por las Fuerzas Armadas, creo que es importante que esto se reconozca de una vez por todas, no es algo que nosotros hemos dirigido o hemos coordinado” (procesodigital.hn, 03/06/2012)

[2] “se trata de una tragedia, pero en este caso, según lo que yo entiendo, estaban actuando en autodefensa y ese es su deber, porque la lucha contra la droga es importante”.

Visita la página de COFADEH