Desde hace más de una década que se han venido desarrollando reformas estatales en los países de América Latina y otros países en desarrollo. Estas reformas, tanto en el campo económico como político, son respaldadas y “sugeridas” por los organismos de cooperación internacional y las agencias financieras mundiales y tienen por objetivo la “modernización” del Estado, el saneamiento de las economías y la profundización/consolidación de las democracias. Específicamente, los procesos de descentralización Estatal han buscado “acercar el Estado a la gente” y alentar la participación de la ciudadanía, bajo el precepto de que no puede existir desarrollo sin el involucramiento de todos los actores directos.

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