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Entrevista

“El derecho al agua no supone un uso ilimitado del recurso, como se pretende manipular”

Martes 18 de junio de 2013

La mexicana Aniza García, abogada defensora del Derecho Humano al Agua, reivindica que ni pueblos ni campos pasen sed, “sobre todo de justicia”, ante el acaparamiento de las fuentes de agua en el mundo.

Silvia Arjona Martín/ AECOS

El agua se considera el recurso natural que en el futuro generará conflictos internacionales como ya lo han hecho otros bienes antes, como el petróleo. Y no será por escasez sino por las ganas de poder y control que el llamado “oro azul” despierta entre los sectores políticos y económicos. El problema es que esta interesada necesidad obvia y olvida el respeto del Derecho Humano al Agua, indispensable para una vida humana digna y reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Un derecho que no sólo se viola por la privatización de los caudales para su posterior comercialización sino también por la falta de acceso a una fuente de agua saludable a menos de un kilómetro de distancia del hogar de las personas. Y esto se refleja en los datos del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2006 Más allá de la escasez: poder, pobreza y la crisis mundial del agua, que señala que más de 1.200 millones de personas no tienen un acceso seguro al agua, y más de 2.600 millones carecen de sistemas adecuados de saneamiento básico.

Aniza García, consultora de Derechos Humanos e investigadora del Instituto Cumplutense de Estudios Jurídicos Críticos, trabaja para que el derecho al agua sana se respete por ser ésta vital para la vida de las personas y de los pueblos y reivindica que ni personas ni campos pasen sed, “sobre todo de justicia”.

Con ella hablamos sobre la importancia de este derecho, del acceso a este recurso y de las irregularidades que le acompañan por los muchos intereses generados alrededor del “oro azul”:

¿Qué relación existe entre derecho y agua?

La configuración del derecho humano al agua responde a una serie de problemas entorno al acceso al agua que han llevado a los órganos especializados, sobre todo a Naciones Unidas, a considerar que sí es necesario reconocer formalmente el derecho al agua para garantizar ese acceso a todas las personas. Es decir, la desigualdad en el acceso al agua ha llevado a la conclusión de que es necesario garantizar el acceso al agua como un derecho humano para conseguir que todas las personas puedan acceder a él.

Y esto es así porque hay diferencias según dónde se viva. En un sentido amplio, el ámbito rural con respecto al urbano es más difícil de acceder al agua y no sólo en términos de infraestructura. Pero el problema es que se cree que es poco rentable, aunque no es del todo así ya que, de hecho, los estudios de Naciones Unidas revelan que por cada dólar que se invierte en acceso al agua se obtienen 2 dólares, y por cada dólar que se invierte en saneamiento se obtienen 5,5 dólares de beneficio, desde el punto de vista de la salud urbana, del desarrollo, etc.

Si bien es cierto que el hecho de que todas las personas puedan acceder al agua tiene un impacto económico muy importante, esto genera desigualdades ya que siempre hay personas desfavorecidas cuando escasea este recurso, sobre todo en las zonas rurales, como son las mujeres y las niñas, las personas mayores, las que tienen alguna discapacidad, las comunidades campesinas, nómadas…

Entonces, ¿el obstáculo principal de aquellas personas que no pueden acceder a una fuente de agua es la falta de recursos?

No. Se ha pretendido manipular el debate para decir que la falta de acceso al agua es debida a la falta de recursos pero se ha demostrado que responde sobre todo a la desigual distribución de recursos, es decir, hoy se considera que hay recursos suficientes, tanto desde el punto de vista financiero como técnico, para que todas las personas tuvieran un acceso directo a fuentes de agua. Esto no quiere decir que sea agua del grifo pero sí una fuente a menos de un kilómetro de distancia para poder acceder al agua. Pero hay otros intereses en torno al recurso como son los geoestratégicos y económico, que obstaculiza el acceso universal al agua.

Precisamente por esos intereses, ya se habla de que el agua puede dar lugar a un conflicto internacional, a una “guerra del agua”, ¿esto sería así?

Así lo consideran los órganos especializados de Naciones Unidas que creen que se podrían dar conflictos bélicos por el control de las fuentes de agua, al igual que en el pasado fue el petróleo la causa de enfrentamientos.

El control del agua está acaparado por algunos Estados desde el punto de vista político y por las potencias económicas mundiales de los países con mayores recursos. Pero en los últimos años también han aparecido agentes económicos privados, transnacionales, que tienen o aspiran a tener el control privativo de los recursos del agua.

¿Y qué es exactamente lo que privatizan?

Pues no hay una sola forma de privatizar el acceso al agua. Ésta puede realizarse por dos vías: por un lado, la privatización de los sistemas de abastecimiento, lo que supone conceder a una empresa privada el abastecimiento y gestión del recurso considerándolo como una mercancía, sujeta a la oferta y demanda del mercado sin ningún tipo de control público en la gestión. Y por otro, la comercialización del agua por parte de los grandes agentes económicos mundiales que acaparan las fuentes para su explotación y comercialización, en parte en forma de agua embotellada y en parte como insumo productivo para comercializar otros productos.

Estas vías serían las más directas pero existen otras indirectas para la privatización del recurso como la construcción de presas, el desvío de cauces, el establecimiento de bioregiones, la contaminación del agua…

Pero sean de uno u otro tipo, queda patente que todas perciben los recursos naturales como insumos productivos destinados a generar crecimiento económico perjudicando a los sectores sociales del entorno. Y en el caso del agua acaparan el recurso las grandes potencias políticas y económicas, el negocio agrícola-industrial y las corporaciones mundiales del sector. Además, hay que señalar la sobreexplotación y la excesiva contaminación que conlleva el modelo, lo que genera la degradación de las propias fuentes, de los ecosistemas y de las especies y pone en riesgo la seguridad hídrica de generaciones presentes y futuras.

¿Qué herramientas presenta la ciudadanía para que se respete el Derecho Humano al Agua?

La configuración propia del derecho es una de las formas que se entienden como herramienta para la defensa del acceso universal al agua, es decir, constituir y consagrar un derecho tanto a nivel internacional, como regional y nacional, es una de las estrategias que se sigue para la defensa del derecho. Se trata sobre todo de aclarar en el debate a qué nos estamos refiriendo. El derecho al agua supone el acceso para satisfacer necesidades básicas y no, como se pretende manipular, que las personas tengan un derecho ilimitado del recurso.

Otra de las herramientas potentes ha sido la movilización generalizada tanto de poblaciones que luchan por la defensa de sus propias fuentes como de las organizaciones que acompañan, aglutinan e intentan articular la defensa del derecho al agua. La movilización social en torno al recurso público que no puede convertirse en mercancía ni quedarse en manos privados. Y en este sentido, destaco el caso de Cochabamba, en Bolivia, de entre los muchos que hay en Latinoamérica donde se lucha por una gestión pública y participativa.

Por su parte, en España el caso es ambiguo porque, por un lado, el acceso al agua está prácticamente garantizado, pero por otro, hay menos presión para conseguir que siga siendo un recurso público, gestionado con participación social y reconocido como derecho constitucional. España ha promovido, en el ámbito de Naciones Unidas, que el acceso al agua se considere como derecho, pero en el ámbito nacional no ha reflejado ese compromiso para reconocer el agua como derecho humano y su accesibilidad.

Y en este caso, ¿hacia dónde caminamos?

Primero, habría que insistir en que el Derecho Humano al Agua es sólo una parte del acceso universal, de conseguir el control público-social de los recursos del agua y conseguir el acceso universal del mismo.

Por suerte, se ha avanzado mucho en el tema del derecho humano al agua en pocos años tanto en el desarrollo del derecho como en promoverlo para que sea finalmente reconocido como tal a nivel internacional, nacional y regional. Y en parte es gracias a la creación de la Experta Independiente de Naciones Unidas, la Relatora Especializada Catarina de Alburquerque, que lidera este cargo desde 2008.

Creo que se ha hecho un trabajo importante para articular el modelo de desarrollo en torno a los derechos en general, y en particular en torno al derecho humano al agua. Ya que cualquier proyecto que apueste por el desarrollo sostenible tiene, necesariamente, que incorporar el acceso al agua como un derecho de todas las personas.

De cara a la ciudadanía, ¿qué deberíamos plantearnos para que el Derecho Humano al agua sea una realidad?

La ciudadanía tiene que estar consciente porque el sistema ha logrado con eficacia que no tengamos en cuenta hasta qué punto se ven afectados nuestros derechos, por lo que hay que formar y concienciar sobre qué está pasando con el derecho al agua, tanto sobre el acaparamiento como la lucha articulada que ya se está generando por la defensa de este derecho.

Aquí en España se estuvo informando sobre la privatización del canal de Isabel II en Madrid y llamaba la atención de que la gente no sabía que esto estaba pasando, estaba convencida de que la gestión pública del agua está totalmente garantizada y esto no es así ya que se está privatizando en muchas comunidades autónomas.

Por ello, esto es un indicio de que hay que seguir formando, concienciando y articulando a la gente con el fin de que después se dirijan a los agentes políticos para que respondan ante la demanda ciudadana de mantener el agua como un recurso público de gestión social.