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COMUNICADO

Amenazas de Muerte contra Rafael Alegría

Martes 23 de octubre de 2012

Hacemos eco de la comunicación dirigida al Dr. Antonio Maldonado, representante en Honduras de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, para informar y denunciar hechos que comprometen la seguridad personal de PEDRO RAFAEL ALEGRIA MONCADA, Coordinador General de la Vía Campesina.

La iniciativa impulsada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), tiene por objetivo denunciar la situación de Rafael Alegría así como de solicitar información sobre el Estado de los resultados investigativos en el caso en referencia.

Ref.: Amenazas a Muerte Contra Rafael Alegría

Distinguido Doctor Maldonado:

En mi condición de Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) me dirijo a usted y por su intermedio a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para informar y denunciar hechos que comprometen la seguridad personal de Pedro Rafael Alegría Moncada

I. Hechos:

El viernes 28 de septiembre de 2012, Rafael Alegría fue informado en forma oficial por el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad Pompeyo Bonilla, que tenían información sobre la existencia de un plan para atentar criminalmente en su contra. Ante esta notificación solicitó una reunión inmediata y urgente con la Comisión de Reforma de la Seguridad Publica, representada por el Licenciado Víctor Meza, y con el Señor Porfirio Lobo Sosa, que ejerce la titularidad del poder de la nación, ambos funcionarios, Víctor Meza y Lobo Sosa confirmaron la información. El Señor Lobo Sosa agregó que la amenaza incluye a sus Secretarios de Estado, Ana Alejandrina Pineda, Titular de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos y Cesar Ham, Director del Instituto Nacional Agrario.

La información fue confirmada también por el Director de la Policía Preventiva Comisionado Juan Carlos Bonilla.

II. Antecedentes:

El 08 de febrero de 2011, Rafael Alegría fue informado en forma confidencial que hondureños residentes en Estados Unidos, estaban planificando un secuestro en su contra así como actos de tortura, planes que se extendían a Juan Barahona, en ese entonces Sub coordinador del Frente Nacional de Resistencia, supuestamente motivados por la participación de Rafael en las actividades de la Cuarta Urna, término con el que fue conocida la Consulta Popular que promovía el Presidente José Manuel Zelaya, durante el primer semestre de 2009, previo al Golpe de Estado.

El día martes 11 de agosto del 2009 a la media noche, las oficinas de Vía Campesina ubicadas en la colonia Alameda de Tegucigalpa, entre tercera y cuarta avenida, fueron objeto de un atentado criminal cuando dos sujetos que se transportaban a bordo de un vehículo turismo doble cabina, color gris, placa PCA 1981 dispararon en 3 ocasiones con armas de grueso calibre a las instalaciones, encontrándose en su interior varias personas que temporalmente estaban alojados en sus oficinas. Este hecho se produjo en el horario de un toque de queda decretado por el gobierno de facto desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

En los días subsiguientes un desconocido portando arma de fuego, intentó ingresar a las oficinas en momentos cuando se realizaba una reunión de la dirigencia campesina.

El 25 de julio de 2009, Rafael Alegría fue capturado en el municipio de Danli, El Paraíso, junto a 45 personas más, mientras se mantenía en la toma pacífica que se instaló en la comunidad de Alauca, carretera a la frontera de las Manos. En esa ocasión permaneció en detención ilegal por seis horas. El inspector Molina jefe de la Policía en el municipio de Danli afirmó que se le detenía por violar el toque de queda.

"… se detienen a las personas que incumplan la norma (de toque de queda). Es algo que no violentamos el derecho de los ciudadanos, sino que es un decreto y eso es ley, por ende, debe cumplirse" ,

El 02 de julio de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió ampliar la Medida Cautelar MC 196-09, para proteger la vida e integridad de varias personas en

Honduras, entre ellas Rafael Alegría. La CIDH solicitó al Estado de Honduras que adoptara las medidas necesarias para asegurar su vida e integridad, a la fecha el Estado no ha adoptado medidas específicas para salvaguardar los derechos del Señor Alegría, por lo que se encuentra totalmente desprotegido.

III. Contexto

El golpe de Estado de junio 2009 alteró drásticamente el estado de derechos, quebró la institucionalidad generando una grave situación de irrespeto de los derechos humanos.

Las dificultades y obstáculos para el ejercicio de defensa de los derechos humanos son evidentes, la intolerancia del régimen autoritario se refleja en la muerte de 25 periodistas en los últimos 3 años y el asesinato de 11 defensores de derechos humanos, ocurridos los dos últimos este mes de septiembre de 2012.

La tenencia de la tierra históricamente ha generado graves conflictos sociales y políticos, estudios de la CEPAL revelan que en Honduras existen más de 200 mil familias campesinas (lo que equivale a un 44 % de la población rural) que no tienen ningún acceso o un acceso muy deficiente a la tierra. Ante esta situación miles de familias campesinas sin tierras iniciaron un proceso de recuperación de tierras aptas para el cultivo de granos básicos.

Con el golpe de Estado se incrementaron las muertes, las persecuciones, las amenazas y las intimidaciones en contra de aproximadamente 3 mil 500 familias campesinas que reclaman tierra para vivir con dignidad en el Bajo Aguán. En el contexto de este conflicto 62 campesinos han sido asesinados y 451 enfrentan procesos judiciales por el delito de usurpación.

En el marco del día mundial de la tierra, cientos de familias recuperaron tierras en diferentes zonas del país, las que en las semanas subsiguientes fueron desalojadas y criminalizadas sus dirigencias.

Rafael Alegría en su calidad de dirigente campesino encabezó las manifestaciones públicas y acciones de defensa de los criminalizados, las más recientes acciones de defensa las constituyen la criminalización contra 24 campesinos que enfrentan cargos penales por manifestación ilícita, asociación ilícita y daños. A todas las personas se les impusieron provisionalmente medidas sustitutivas a la prisión dentro del proceso penal respectivo, por lo que tendrán que presentarse cada miércoles ante las autoridades, no salir del país, prohibición de no asistir a determinadas reuniones y determinados lugares en el caso de manifestaciones populares.

Para leer el Comunicado consultar documento adjunto